La asesora de Juana Rivas apunta a "violencia institucional" de la sentencia

• Las juezas denuncian que también se castiga a los hijos de Rivas, condenada a cinco años por sustracción de menores
• Consideran que se deberían haber tenido en cuenta los antecedentes de violencia de género

Concentraciones en varias ciudades españolas en apoyo a Juana Rivas

Francisca Granados, asesora jurídica de Juana Rivas, ha señalado que la sentencia por la que un Juzgado de Granada la ha condenado a cinco años de cárcel por sustracción de menores es "un suma y sigue, elevado al máximo exponente, de la violencia institucional" que ha padecido junto a sus dos hijos.

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada condenó a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.

En un escrito remitido a Efe, Granados, que es directora de Igualdad y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), expone como "importante problema" la falta de aplicación por la mayoría de los juzgados de las reformas introducidas en el ordenamiento jurídico en 2015 respecto a protección de menores como víctimas de violencia.

Por ello, indica que las "responsables últimas" de la situación de Rivas son las resoluciones judiciales que, en su opinión, han sido dictadas "desde el desconocimiento, consciente o inconsciente", del actual marco normativo en materia de violencia de género y de las garantías para salvaguardar el interés superior de los menores.

La sentencia también condena a los hijos, señalan las juezas

En esta línea, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha denunciado que la sentencia a Juana Rivas condena tanto a la acusada como a sus dos hijos, que pierden el vínculo con su madre a pesar de que "todos" los informes de especialistas "confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora".

A juicio del colectivo, este fallo "que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social" es producto de ignorar la "obligación" de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, de forma que se pueda interpretar la norma salvaguardando los derechos humanos.

La asociación recuerda que en 2014 el Comité CEDAW de Naciones Unidas recomendó a España en un dictamen a raíz del asesinato de la hija de Ángela González -a la que el Estado deberá indemnizar- que se tomaran "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos".

Denuncia de Rivas por malos tratos

Sobre esta cuestión, la asesora jurídica de Juana Rivas se ha preguntado cómo es posible que la justicia italiana no esté haciendo nada para investigar la denuncia por malos tratos presentada por Rivas en julio de 2016.

En referencia al juez Manuel Píñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que ha condenado a Rivas, ha calificado de "indignante" que haga afirmaciones en la sentencia sobre la inexistencia de violencia de género y lo utilice como "un arma arrojadiza" contra la víctima.

En la sentencia, el juez Piñar reconoce que el marido, Francesco Arcuri, fue condenado por violencia de género hace nueve años, pero acusa a Rivas de "explotar el argumento del maltrato" cuando decidió separarse.

"Cómo es posible que la propia inoperancia del sistema judicial, que el incumplimiento flagrante del deber de diligencia por parte de los poderes públicos sea utilizado en contra de la propia víctima", se ha preguntado la asesora. "De poco servirán las conquistas legales en la lucha contra la violencia de género, si los que tienen que aplicarlas no lo hacen. Y ese es el grave problema", concluye su escrito.