Las víctimas de violencia de género no tendrán que declarar contra sus agresores para recibir protección

• El Gobierno transferirá 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos
• El Real Decreto devuelve las competencias a los ayuntamientos

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista

Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección jurídica y social, como hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades para acreditar su condición de maltratadas.

Así lo establece el Real Decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que, además de hacer efectiva una trasferencia de 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra esta lacra, han puesto en marcha las reformas legislativas más urgentes para dar cumplimiento al citado Pacto.

De esa partida, 20 millones de euros serán para los ayuntamientos en 2018 y se duplicará en 2019, hasta alcanzar los 40 millones de euros, que se distribuirán vía "transferencia finalista y directa" o a través de otras entidades locales.

El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.

Devolución de competencias a los ayuntamientos

El texto del Real Decreto, que en parte ya avanzó la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado martes tras la Conferencia Sectorial de Igualdad, devuelve a los consistorios las competencias en promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Además, pretende fortalecer la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

Por su parte, la reforma de la ley contra la violencia de género tiene como fin "mejorar" la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos "que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas".

Según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El Gobierno se basa en el Convenio de Consejo de Europa para no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el maltratador.

De esta forma, modifica la ley integral para ampliar los mecanismos con los que las mujeres podrán acreditar las situaciones de violencia de género, que hasta ahora hacían con la sentencia.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género, según el comunicado.

Serán el Ejecutivo y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, los que diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.