Los accionistas del Popular no recibirán compensación por parte del órgano común europeo de resolución bancaria

• La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar que no haya esa compensación
• Asegura que los afectados por la resolución hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso

Imagen de archivo de una sucursal del Popular.

La Junta Única de Resolución (JUR) de la eurozona ha decidido de forma preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular ya que el último informe sobre la operación revela que éstos hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso.

"La JUR decide de manera preliminar, en base a los resultados del informe de 'valoración 3' [ver en .PDF y en español], que no estima compensar a antiguos accionistas y acreedores de Banco Popular cuyos intereses fueron afectados como resultado de la decisión de resolución", ha explicado la institución europea en un comunicado emitido este lunes.

El informe en el que se basa el órgano común europeo -realizado por Deloitte, la auditora responsable del informe que determinó la liquidación del Popular- determina que accionistas y acreedores "no habrían recibido mejor trato si la entidad se hubiera sometido a un procedimiento de insolvencia ordinario, en comparación con el trato recibido en la resolución".

De hecho, siempre según la JUR, si se hubieran aplicado "procedimientos de insolvencia ordinarios, las pérdidas totales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas en resolución", motivo este por el que el organismo europeo niega la compensación.

Con una liquidación ordinaria habrían perdido más, según la JUR

En concreto, siempre según el citado informe, de haberse realizado una liquidación bajo las normas nacionales, los afectados por la resolución habrían perdido también el 100% de sus derechos en todos los escenarios. La consultora -que ha realizado una simulación si la liquidación se hubiera terminado en 18 meses, en 3 años o en 7 años- calcula que las pérdidas para los acreedores habrían oscilado entre los 23.400 millones (en el mejor de los casos) y los 34.100 millones (en el peor), frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.

Además, los acreedores no asegurados, que no estuvieron afectados por la resolución, habrían perdido entre 3.300 y 14.000 millones de euros. Incluso, Deloitee cree que habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habría tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros, recoge Efe.

"Deloitte concluye que para los accionistas y acreedores afectados no habría cabido esperar ninguna recuperación en un procedimiento de insolvencia ordinario, incluso en el escenario considerado como más optimista y, como resultado, no hay diferencia de trato en comparación con la acción de resolución", afirma la JUR.

Para poder reclamar ante la JUR contra esta decisión preliminar, los accionistas y acreedores afectados deben registrarse aquí antes del próximo 14 septiembre de 2018 a las 12:00 peninsular española, según explica la JUR. En una segunda fase se abrirá a los accionistas y acreedores considerados elegibles después de haberse efectuado la verificación por la JUR en la primera fase.

Los bonistas de Popular creen que el informe no es realista

El representante del grupo de grandes fondos tenedores de bonos de Banco Popular -como Pimco, Anchorage o Algebris- y socio director del despacho Quinn Emanuel, Richard East, ha asegurado estar "decepcionado pero no sorprendido" con las conclusiones del informe, criticando que "no son realistas". "Revisaremos las supuestas bases utilizadas para llegar a tales conclusiones", ha aseverado el representante legal en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al mismo tiempo, el abogado ha indicado que la decisión de la JUR de contratar a la misma firma auditora para hacer tanto informe preliminar de hace un año y ahora el definitivo, hace "dudar" sobre la credibilidad del documento final. "La JUR podría haber elegido cualquiera de las otras firmas auditorias para hacer el análisis en profundidad con un enfoque no contaminado", ha precisado. Para East y los bonistas afectados, la JUR ha fallado en su deber de realizar un análisis "independiente y distinto" al haber elegido otra vez a Deloitte.