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Competencia impugna las normas aprobadas para alquileres turísticos en Madrid, Bilbao y San Sebastián

  • El organismo regulador cree que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores
  • Asegura que las medidas subirán los precios y reducirán la calidad y la inversión en esos alojamientos

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Competencia impugna las normas aprobadas para alquileres turísticos en Madrid, Bilbao y San Sebastián

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impugnado las normativas urbanísticas municipales para viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián al entender que son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios.

En septiembre de 2017, Competencia ya hizo lo mismo con las regulaciones autonómicas aprobadas por Galicia y Castilla y León.

Los recursos contencioso-administrativos se han presentado ante los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas a las que pertenecen esas localidades: Comunidad de Madrid y País Vasco.

Previamente a esas impugnaciones, la CNMC ha informado de que envió requerimientos a los ayuntamientos afectados para que justificaran las restricciones impuestas al alquiler de apartamentos turísticos o, en caso contrario, anularan los requisitos exigidos a los arrendadores.

Según el organismo regulador, con ese paso previo pretendía evitar la presentación de recursos ante los tribunales, pero las respuestas no han sido satisfactorias para la CNMC.

"En ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen, ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos", señala Competencia en un comunicado difundido este martes.

Moratoria de licencias en Madrid y restricciones en Bilbao y San Sebastián

La normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas, pero establece una moratoria de un año -ampliable a otro más- durante la que no se podrán conceder nuevos permisos en determinados distritos de la capital: Centro, para todo tipo de hospedaje, y Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles, para viviendas de uso turístico.

Desde el Gobierno de Manuela Carmena subrayan que defenderán sus medidas en los tribunales porque su objetivo es "poder regular un sector que proteja los usos residenciales del suelo siendo estas competencias, (las del urbanismo), de los ayuntamientos". Además rechazan que, como señala la CNMC, esta norma urbanística sea contraria a la competencia y perjudique a los consumidores, y sostienen que esta medida "favorece la competencia en un sector donde también están hostales y hoteles".

En el caso de Bilbao, el Ayuntamiento sólo permite alquilar viviendas para uso turístico en las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, se exige autorización y registro para las viviendas con uso turístico y establece límites, como ofrecer un máximo de tres habitaciones por vivienda.

La normativa municipal de San Sebastián también limita los alquileres turísticos a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente, pero además, prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.

Consecuencias: subida de precios y menos calidad

La CNMC considera que todas estas medidas "tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados".

Esa restricción -continúa Competencia- "provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos" de esas capitales.

Por esos motivos, el regulador de mercados opina que las normas municipales impugnadas "no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos".