El CGPJ ampara al juez Llarena ante la citación de la Justicia belga por la demanda de Puigdemont

• La Justicia belga ha citado para el 4 de septiembre a Llarena, que no acudirá
• El organismo promete que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para garantizar su independencia

El juez Pablo Llarena en una imagen de archivo de enero de 2013.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aceptado este jueves la petición de amparo realizada por el instructor en el Tribunal Supremode la causa del 'procés' independentista en Cataluña, Pablo Llarena, frente a la citación que le ha realizado un juez belga por los procesados huidos. Según el organismo, es un "ataque planificado" a su independencia.

La petición de amparo, en la que reclama medidas que restauren su independencia judicial, la realiza Llarena en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsjeros, que acusaron al juez español ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

En opinión de este organismo, la demanda intenta "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

El CGPJ promete que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia de Llarena, "incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", y pedirá a los Ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica", abriendo así la puerta a que la Abogacía del Estado se persone en defensa de España en Bruselas.

La primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas acordó citar para el próximo 4 de septiembre a Llarena, que no acudirá.

La demanda tacha a la instrucción de "parcial y arbitraria"

Para el Consejo, la demanda presentada, en la que los procesados alegaron que Llarena no había respetado la presunción de inocencia y había ofendido su honor al acusarles de ser rebeldes, tiene "como único fin" condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales en éste y otros procedimientos, desacreditando la instrucción del caso ante la opinión pública internacional.

La demanda "cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes" y, en opinión del Consejo, es difícil que pueda existir "una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español".

A su juicio, al cuestionar así la actuación de un magistrado "se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático".

Según el CGPJ, como en España no se pueden presentar demandas civiles contra un juez, los procesados han intentado sortear esa garantía a través de Bélgica, lo que "añade un plus de gravedad a la planificación del ataque" contra Llarena, que no debe soportarlo "ni por justicia ni por la dignidad de la función que desempeña".

La comisión permanente del Consejo insta por ello a los huidos a cesar en el futuro "cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional" del magistrado del Supremo.

La demanda de Puigdemont

El expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- y a Escocia -Clara Ponsatí- interpusieron a principios de junio una demanda civil conjunta ante la Justicia belga contra Llarena por una supuesta "falta de imparcialidad" y por "vulnerar" su presunción de inocencia. La demanda se presentó en Bélgica al entender que la Justicia de este país es competente por ser el lugar en el que reside Puigdemont.

La respuesta del juez decano de Madrid -al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena- consistió en decirle al juez belga que no procedía citar a Llarena en cumplimiento del articulo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Además, basándose en esta demanda, los investigados por presunta rebelión en el proceso independentista recusaron al magistrado ante el Tribunal Supremo. Puigdemont y el resto de investigados se han basado en la demanda civil, "ya que el hecho de tener "una causa pendiente" con "una de las partes" es "motivo suficiente" para considerar su falta de imparcialidad, según explicó en su día Comín.

En su demanda, los procesados por Llarena reclaman que se obligue éste a pagar una "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado", según explicó el pasado 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.

"El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas", dijo en dicha ocasión Comín, "sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales", en referencia a unas declaraciones que Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero.