Casi un millón de rohinyás, en el limbo un año después de la limpieza étnica
- Desde el 25 de agosto de 2017, 700.000 personas han huido de la violencia Birmania hacia Bangladesh
- Las ONG denuncian que viven hacinados en campamentos en pésimas condiciones y sin ninguna garantía legal ni de futuro
Un año después del éxodo de la minoría musulmana rohinyá, que huyó de la violencia en el estado de Rakáin (Birmania) a Bangladesh, la comunidad sigue viviendo hacinada en los campamentos del Cox's Bazar, el campo de refugiados más grande del mundo, que acoge a 919.000 personas. Allí esperan una ansiada repatriación a Birmania, como muchos han relatado a la ONG Human Rights Watch (HRW), o la concesión de un estatus formal por su condición de huidos de la violencia, violaciones, asesinatos y los incendios provocados por el Ejército birmano para destruir sus viviendas en respuesta a la ofensiva de un grupo insurgente del Ejército de Salvación Rohinyá.
La crisis de los rohinyá estalló el 25 de agosto de 2017, cuando más de 500.000 personas dejaron atrás sus casas y sus vidas y cruzaron la frontera en apenas dos días ante la brutalidad del Ejército birmano, un acto "genocida" según la ONU y desmentido por el Gobierno liderado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, acusado de ser cómplice de la barbaria militar contra una minoría étnica a la que no reconoce con la ciudadanía en el país budista y a la que evita siquiera nombrar. Desde entonces, al menos 6.700 rohinyás han sido asesinados, entre los que había 730 menores, según los datos más conservadores de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Las ONG estiman que 700.000 personas han cruzado la frontera en el último año hacia Bangladesh, un país que, a pesar de haber habilitado los campamentos, no ha resuelto su estatus formal y no los reconoce oficialmente como refugiados, cuestión que según las ONG debería ser primordial por la violencia que ha traumatizado a miles de personas. Los cerca de 129.000 que han permanecido en Birmania habitan en campamentos improvisados en Rakáin, cerca de la frontera con Bangladesh, vigilados por la Policía fronteriza y sin derechos.
Emergencia sanitaria
Coincidiendo con el aniversario, MSF, que gestiona hasta 19 centros sanitarios en la zona de Kutupalong-Balukhali, denuncia que los migrantes viven en condiciones "inaceptables", aglutinados en chozas improvisadas donde las condiciones de salubridad no se cumplen porque las infraestructuras básicas para vivir siguen sin haberse construido. Son viviendas de bambú, muy vulnerables ante las temporadas monzónicas, levantadas en una antigua ruta de elefantes donde el barro, las inundaciones y torrenciales los amenazan constantemente, taly como ha documentado HRW.
“Es inaceptable que la diarrea acuosa siga siendo uno de los mayores problemas de salud“
Médicos Sin Fronteras, que reforzó su presencia desde la crisis, centró la atención médica en las lesiones y heridas producidas por la violencia de las tropas birmanas en la primera etapa y atendió a más de 656.000 personas. Con el transcurso de los meses, la ONG ha detectado miles de casos de urgencia sanitaria que se ven agravados por la falta de recursos: la respuesta sanitaria de la ONU solo ha recaudado un 31,7% de los fondos necesarios, de los que se destina en torno al 16% a sanidad.
Entre las enfermedades más comunes, los equipos sanitarios voluntarios han atendido 6.411 casos de difteria, 4.792 de sarampión y, la más extendida entre los refugiados, 61.256 casos de diarrea acuosa. "Es inaceptable que la diarrea acuosa siga siendo uno de los mayores problemas de salud que vemos en los campamentos", asegura en un comunicado el coordinador general de la organización en Bangladesh, Pavlo Kolovos. A todo ello se une la escasez de agua potable, alimentos y medicamentos, según los testimonios de los refugiados.
Apátridas sin estatus ni futuro
Las ONG recomiendan que se conceda el estatus de refugiado a los rohinyás por causas humanitarias, pero Bangladesh sigue sin tramitar un estatus legal para una comunidad que busca sin embargo regresar a sus hogares. Así lo ilustra el testimonio de Kadir Ahmed recogido por HRW: "Bangladesh no es mi país. Quiero regresar a nuestra tierra. Si el Gobierno birmano no nos hubiera matado y torturado, no nos habríamos ido", una opinión compartida por la mayoría de personas entrevistadas en los campamentos por la ONG.
“Bangladesh no es mi país. Si el Gobierno birmano no nos hubiera matado y torturado, no nos habríamos ido“
Esta falta de estatus legal ha obligado a las personas a vivir "en una situación de extrema vulnerabilidad", dice Kolovos. Consecuentemente, se les niega la libertad de movimiento y les restringe el acceso a la sanidad, el refugio, la educación y los hace más propensos a ser detenidos arbitrariamente, señala HRW en su informe. Además, los niños en los campamentos han perdido la esperanza de futuro aferrados al conformismo por la supervivencia y no están escolarizados.
Birmania sigue con la violencia
Aunque el Gobierno birmano acordó con Bangladesh repatriar " de forma segura" a los rohinyás en noviembre de 2017, la líder birmana Aung San Suu Kyi insiste en su compromiso con la ONU para garantizar su retorno en dos años, si bien sigue sin concretar un calendario.
Los pocos que sí han regresado se han topado con torturas y encarcelamiento, según denunció HRW el pasado 15 de agosto. "Pese a la retórica de Birmania garantizando un retorno seguro y digno, la realidad es que los rohinyás que regresan todavía se enfrentan a la persecución y los abusos que les forzaron a huir", condenó el subdirector de HRW para Asia, Phil Robinson, en declaraciones recogidas por Europa Press.
“Pueden pasar muchos años hasta que puedan regresar de manera segura, si es que eso sucede alguna vez“
La ONG recopiló los testimonios de seis personas que volvieron a Rakáin en busca de dinero. Una vez en Birmania, fueron detenidos, torturados por la Policía y condenados a cuatro años de prisión, si bien fueron indultados un mes después.
Aunque la purga contra los rohinyá ocurre desde hace décadas en Birmania, las ONG insisten en que la única solución es que la comunidad internacional y los organismos gubernamentales sigan presionando al Ejecutivo birmano, como recientemente ha hecho la ONU. "La realidad es que cientos de miles de rohinyás se han visto desplazados hacia Bangladesh y hacia otros lugares desde hace décadas y pueden pasar muchos años hasta que puedan regresar a Birmania de manera segura, si es que eso sucede alguna vez", predice desde el pesimismo Pavlo Kolovos.
Dos periodistas procesados en Birmania por informar
Tal es la presión de Birmania para ocultar la "limpieza étnica" contra la minoría musulmana, que, además de restringir el acceso a Rakáin durante el inicio de la crisis, dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, fueron detenidos en Ragún en diciembre de 2017 por informar sobre la violencia contra los rohinyá.
Los reporteros están acusados de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial, por reunirse con dos policías que les entregaron documentos supuestamente confidenciales.
Esta semana, el tribunal ha dejado visto para sentencia los casos el próximo 3 de septiembre, que contemplan una pena máxima de 14 años de cárcel.