El Gobierno de Nicaragua expulsa a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• Denunció en un informe el "alto grado de represión" de las protestas contra el Gobierno, con "más de 300 muertos"
• La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos califica de "inaudita" la decisión del Gobierno de Ortega

Marcha en ocasión del Día Internacional de los Desaparecidos realizada en Managua.

El Gobierno de Nicaragua ha informado de que ha dado por "concluida" y "finaliza la visita" de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al "cesar las razones" que dieron origen" a su invitación.

Así lo comunicó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta dirigida a la representante regional para América Central del ACNUDH, Marlene Alejos, y divulgada este viernes por el Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, había informado de que el Gobierno había expulsado a esa delegación de la ONU y ha calificado de "inaudita" la decisión del Gobierno de Ortega.

La misión de la ACNUDH llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer la crisis sociopolítica que estalló en abril y el miércoles pasado emitió un informe en el cual denunció el "alto grado de represión" de las protestas contra el Gobierno.

El Gobierno explicó que el 19 de junio pasado hizo una invitación a la Oficina Regional para América Central del ACNUDH "con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques" o bloqueos en las vías.

"Por lo tanto, consideramos que han cesado las razones, las causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación", indicó el jefe de la diplomacia nicaragüense en la misiva.

La ONU acusa al Gobierno de "uso desproporcionado de la fuerza

La decisión fue tomada un día después que la ACNUDH emitiera un informe sobre la crisis que atraviesa Nicaragua y en la que señala al Estado como principal responsable de graves violaciones a los derechos de quienes participan en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, incluidas ejecuciones extrajudiciales.

En ese informe, acusa al Gobierno de Ortega de "uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica", entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.

También denuncia "la grave crisis de derechos humanos desde inicios de la protesta", el pasado 18 de abril, que "se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2.000 heridos o afectados".

ACNUDH recomendó al Gobierno poner fin al acoso, hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, parar las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes.

En un documento de respuesta, el Ejecutivo rechazó "de manera integral el denominado informe presentado por la ACNUDH, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva".

Miles de nicaragüenses han salido a las calles desde abril a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno solo reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.