El Tribunal Superior Electoral de Brasil veta la candidatura presidencial de Lula da Silva
- El exmandatario, preso por corrupción, lideraba los sondeos de cara a las elecciones de octubre próximo
- El Partido de los Trabajadores afirma que el veto es "arbitrio" y basado en "una mentira"
El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha vetado este sábado de madrugada la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien quedará fuera de los comicios tras haber sido condenado a prisión en segunda instancia, por delitos de corrupción.
La decisión ha sido tomada por seis votos frente a uno, con lo que el líder más popular del país y primero en los sondeos con vistas a las elecciones del 7 de octubre próximo, en prisión desde abril pasado, queda inhabilitado para postular a la presidencia por sexta vez, aunque el fallo emitido este sábado aún puede ser apelado.
El camino para la inhabilitación de Lula lo abrió el magistrado Luis Roberto Barroso, instructor del caso, quien se pronunció por aceptar las impugnaciones presentadas contra su candidatura sobre la base de una ley conocida como "Ficha Limpia".
Según esa legislación, paradójicamente promulgada por Lula en 2010, cuando aún estaba en el poder, toda persona con una condena confirmada en segunda instancia tiene impedido aspirar a cualquier cargo electivo.
Fernando Haddad, su posible sustituto
Aun con ese impedimento legal, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió en el tribunal electoral el pasado 15 de agosto la candidatura de Lula, acompañado como candidato a la vicepresidencia por el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien emerge ahora como el más probable abanderado presidencial de esa formación.
Barroso negó cada uno de los argumentos de la defensa de Lula, en su mayoría apoyados en una cautelar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que pedía garantías para su participación en las elecciones, sobre la cual afirmó que "no es vinculante".
Aun así, los abogados del expresidente alegaron que esa decisión debe ser cumplida, pues Brasil es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, invocado por el citado comité.
Según Barroso, además del carácter no vinculante de esa decisión, Brasil no incorporó aún a su legislación el pacto, con lo que ese acuerdo "no tiene carácter de derecho interno" en el país.
Agregó que, además, el comité de la ONU se pronunció "sin haber escuchado antes al Estado brasileño", lo hizo a través de "apenas dos de sus 18 miembros" y se comprometió a analizar el mérito de la cuestión "sólo el año próximo", después de las elecciones en Brasil y con el nuevo presidente ya en ejercicio.
De todos modos, dijo que el tribunal tenía el deber de escuchar los argumentos del comité, pero éstos alertan de un riesgo de que se violen los derechos de Lula, lo cual "no se fundamenta", pues las restricciones a su candidatura están dictadas por una ley brasileña.
Lula ingresó en prisión el pasado 7 de abril, condenado a doce años por corrupción y lavado de dinero en asuntos vinculados a los escándalos en la petrolera estatal Petrobras, de los que se habría beneficiado con un apartamento de playa entregado en forma de comisión por una constructora, una acusación que la justicia consideró probada.
Aun así, los sondeos dicen que tiene casi 40 % de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con cerca del 20 % de las preferencias.
El PT afirma que el veto es "arbitrio" y basado en "una mentira"
El Partido de los Trabajadores (PT) ha afirmado que el veto judicial a la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva es "político", "arbitrio" y basado en "una mentira", y ha reiteradp que "continuará luchando por todos los medios" para validarla.
"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil", ha expresado la formación socialista en un comunicado.
Para el PT, la "violencia practicada" expone a Brasil ante el mundo como un país "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política".