Europa vota dividida el copyright: la batalla por la tarta de los derechos de autor

• La nueva directiva hace responsable a plataformas como Youtube de los contenidos con derechos de autor
• Los críticos consideran que sería técnicamente inviable y que ataca a la libertad de expresión

La Eurocámara vota el 12 de septiembre la nueva directiva para regular los derechos de autor.

La Unión Europea vive días convulsos. A un lado, las industrias culturales blandiendo la defensa de los creadores, artistas y la prensa; enfrente, los gigantes de internet, clamando por la libertad de expresión y alertando del fin de internet “tal y como lo conocemos”. ¿Qué está en juego tras los bellos ideales? Un gran interés comercial que se dirime en la votación del Europarlamento el miércoles 12: la propuesta de directiva europea sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Y que se puede resumir como un enfrentamiento entre algunos de los gigantes de Internet (Google y Facebook) y el interés de los estados por fiscalizarlos.

El pasado 5 de julio, el Europarlamento ya rechazó con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones la propuesta, que previamente sí había aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Apenas dos meses después regresa maquillada a contrarreloj a Estrasburgo, pero ya como última bala: si no se aprueba, el calendario imposibilita su recorrido, con las elecciones europeas de 2019 a la vuelta de la esquina.

Eurodiputados veteranos afirman que no han conocido presiones y campañas tan virulentas de los lobbies europeos como las que inundan sus correos y agendas, tanto el pasado julio como ahora. Las 31 abstenciones y los 40 votos de diferencia de la pasada votación indican que el asunto está vivo. En ese margen, hay que descontar los 12 eurodiputados del PP que no acudieron por encontrarse en el Congreso del partido. Aún así quedan 28 votos. ¿Dónde está la lucha? El bloque conservador votará a favor de la reforma. Aunque el PSOE también lo hará, existe división en el bloque socialdemócrata europeo. Y también en el bloque liberal.

El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha intensificado sus contactos intentando lograr un voto-país de los eurodiputados españoles. En julio, Ciudadanos, Podemos, IU, Esquerra, Equo, PDeCat y PNV la rechazaron. Pero la incertidumbre es total: en Bruselas se negocia hasta el último momento las enmiendas para la redacción definitiva de los artículos más polémicos: el 11 y el 13.

La tarta de los derechos de autor

El artículo 13 de la directiva centra el debate. Apunta parcialmente contra uno de los pilares regulatorias de la historia de internet: el llamado ‘puerto seguro’. Hasta ahora, las plataformas como Youtube no eran responsables de los contenidos que incluyen derechos de autor, sino que lo era el usuario que subía el material. La norma voltea 180 grados el panorama: las plataformas tendrán que usar las “medidas pertinentes” para evitar los contenidos sujetos a derechos o serán las responsables. Aunque la norma afecta a muchos sectores, nadie oculta que el dinero está en la música y las sociedades de gestiones de derechos señalan con el dedo a Youtube, la plataforma de vídeos de Google.

Google guarda silencio público y se remite a Content ID (una herramienta que permite identificar contenidos de autor si el titular aporta una copia a Youtube) para subrayar que ya paga por el copyright. Content ID permite al titular de los derechos decidir si bloquea el contenido o lo monetiza y cobrar un porcentaje de la publicidad. De esta manera, y según los datos de Promusicae respecto a los ingresos del primer semestre de 2018, Youtube ha generado más de 10 millones de euros en derechos de autor.

Los lobbies de la industria cultural consideran que la porción del pastel no es suficiente. El ministerio de Cultura se remite a estadísticas mundiales de la Federación de la Industria Fonográfica Internacional: en 2017, los servicios de streaming (como Spotify) generaron 5.500 millones de dólares en derechos de autor, mientras que las plataformas (como Youtube), solo 856 millones con un número de usuarios seis veces mayor. Es la llamada value gap (brecha de valor) que la directiva quiere enjugar. Google se defiende apelando a la naturaleza de Youtube, a la que considera más una red social que un canal de distribución de contenidos.

El argumento tecnológico

La propuesta de directiva habla de “técnicas de reconocimiento adecuadas”, teniendo en cuenta “la disponibilidad de las tecnologías”. ¿Es posible? Aunque Youtube dispone de algoritmos que impiden contenidos pornográficos o de extrema violencia, existen dudas sobre si sería técnicamente viable evitar, por ejemplo, que miles de usuarios subieran canciones de un concierto.

Fuera del Content ID, arguyen, el caos. Ejemplo: el pianista James Rhodes sube a Facebook un vídeo tocando una pieza de Johann Sebastian Bach. Al instante le llega una notificación de vídeo no disponible porque infringe derechos de Sony Music. ¿Este sería el nuevo escenario? ¿O son indeseados flecos que la tecnología subsanará? ¿Supondría, como sugieren los vaticinios más dantescos, el cierre de Youtube?

Todo está por ver en los diabólicos detalles del desarrollo de la directiva. En junio pasado se llegó a afirmar que la propuesta conduciría al final de los memes, parodias o la mismísima Wikipedia (debido al artículo 11 que protege el contenido de los medios de comunicación).

Desde Cultura tranquilizan: nada de eso estará en juego y solo afectará a servicios que jueguen “un papel importante”. Nadie quiere poner nombres pero Youtube y Facebook son los grandes objetivos. Pero una de las consecuencias no deseadas podría ser que solo las grandes plataformas puedan afrontar el filtrado de contenidos, apuntalando aún más su posición dominante.

Los valores en juego

Más allá de los intereses económicos, hay dos cuestiones reales y relevantes para cualquier sociedad: Por un lado, si es sostenible la situación de creadores en la era digital, y por otro, la libertad de expresión de los usuarios de internet. ¿Una cosa daña a la otra?

Como en toda disputa, el lenguaje a veces torticero ilustra el debate, que varía entre “el fin del internet libre” al “internet sostenible”. Las asociaciones de usuarios de internet llevan más de dos décadas presentando su lucha como la de David frente a Goliat (las influyentes industrias culturales), pero lo cierto es que por el camino se han acompasado con algunas de las empresas más poderosas del mundo. Su discurso sigue girando en torno a la defensa del ciudadano frente a los oligopolios, soslayando que el gran perjudicado, Google, es un paradigma de monopolismo.

La larga historia de la colisión de derechos de autor y libertad de expresión entran en un nuevo capítulo. Los derechos de autor son de hecho una excepción a la libertad de expresión destinada a promover la creación. Y el puerto seguro o el llamado uso legítimo (derecho a cita, etc.) son a su vez excepciones dentro de los derechos de autor, destinadas igualmente a impulsar la creación. En los umbrales de tanta matrioska de derechos y libertades el debate jurídico es pantanoso.

Sea cual sea la votación de la Eurocámara, el debate no acaba. Si se aprueba, comienza su farragosa implantación que incluye armonizar los derechos de autor en Europa. Si se rechaza, el elefante sigue en la habitación, ya que las dos leyes que regulan en Europa el comercio electrónico y derechos de autor datan de 2000 y 2001. Cuando Google era todavía una gran promesa.