El Congreso admite a trámite la ley de vivienda y pobreza energética propuesta por Unidos Podemos

• PSOE, ERC, Compromís, PDeCat y EH-Bildu han votado a favor de la iniciativa
• Los diputados del PNV se han abstenido mientras que PP y Cs la han rechazado

La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes

La proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética que ha presentado este martes Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha sido tomada en consideración gracias al apoyo de 177 votos a favor y seis abstenciones, cinco de ellas correspondientes a los nacionalistas vascos, quienes consideran que no respeta las competencias autonómicas.

El éxito fue celebrado con euforia por los diputados de Podemos y en la tribuna por representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que seguían el debate y que reaccionaron con cánticos de "`Sí se puede!". En consecuencia, la presidente del Congreso, Ana Pastor, ordenó el desalojo de los invitados al estar prohibido este tipo de manifestaciones.

La iniciativa fue registrada el pasado enero por Unidos Podemos junto con Esquerra Republicana (ERC), Compromís y EH-Bildu, y, pese a que fue inicialmente vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el grupo confederal volvió a presentarla tras un fallo del Tribunal Constitucional que daba la razón a la Cámara Baja en su contencioso con el Ejecutivo en relación con los vetos a leyes de la oposición.

Además de las formaciones que registraron la iniciativa y del PDeCat, que se ha posicionado a favor, la proposición de ley también ha contado con el apoyo del PSOE, a pesar de asegurar que es un texto que “resulta insuficiente”, que “contempla propuestas contradictorias” y que está “lleno de lagunas y cuestiones mejorables”. Sin embargo, tal como ha explicado la diputada María del Mar Rominguera, “es necesario” ya que en materia de vivienda “hay mucho por hacer y mucho que recuperar y hay que hacerlo bien, no basta con la voluntad”.

Precisamente esta propuesta legislativa de los grupos de la izquierda se adelanta a la intención del Gobierno de presentar una ley que persigue objetivos similares en materia de vivienda. Según Rominguera, desde el Ejecutivo “ya se está trabajando en la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda” pues “la futura ley de vivienda estatal es una prioridad para el Gobierno”.

El PNV se abstiene

Finalmente, los diputados del Partido Nacionalista Vasco se han abstenido en la votación, a pesar de que su diputado en el Congreso Íñigo Barandiaran asegurase este martes que la propuesta es “irrespetuosa” con las competencias autonómicas: “Tiene un carácter dogmático y un tufo centralizador en buena parte de las propuestas”, ha reseñado.

Por su parte, los diputados de Ciudadanos han rechazado la propuesta ya que “hay muchos aspectos que no nos convencen” como las de “alargar los contratos o fijar los precios”. El diputado Toni Cantó ha criticado que muchas de las propuestas en materia de vivienda en los ayuntamientos de Madrid o Barcelona no se han llevado a cabo por lo que ha aconsejado a Unidos Podemos que “empiecen a predicar con el ejemplo”.

“Hay muchos aspectos de esta propuesta que no nos convencen“

En la misma línea, el Partido Popular“no porque no comparta el objetivo principal, que es cumplir el artículo 47 de la Constitución”, sino porque entienden “que el PP ya ha puesto en marcha medidas contra los desahucios y contra la crisis y estas ya está en marcha en nuestro programa”, ha señalado su diputada Ana María Zurita.

La portavoz de En Comù Podem, Lucía Martín, ha avisado de que "cualquiera que no dé el sí a esta proposición de ley va a estar donde estaba el PP en 2013", cuando rechazó la iniciativa legislativa popular que recogía las propuestas de la PAH, y por tanto "dará la espalda a la ciudadanía".

Dación en pago retroactiva y límites a los desahucios

La iniciativa, entre otras, regula la dación en pago retroactiva, elimina cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas, deroga la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios, extiende la actual moratoria de desahucios a todos aquellas de primera y única vivienda y plantea la obligación a bancos y grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de la ejecución de un desahucio.

Respecto al alquiler, la propuesta contiene una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir un mayor margen a las corporaciones locales para frenar "aumentos abusivos" del alquiler y limitar la rescisión de los contratos y que éstos tengan un mínimo de cinco años.

La reforma de la LAU es, de hecho, una de las líneas rojas trasladadas por En Comú al Ejecutivo de Pedro Sánchez para brindar su voto favorable a los Presupuestos de 2019, que el Gobierno negocia con Unidos Podemos. Asimismo, la norma establece el aumento del parque público de vivienda y que estos alquileres sociales no rebasen el 30% de los ingresos en una unidad familiar.

Por último, la proposición de ley contempla varias medidas para erradicar la pobreza energética, estableciendo un principio de precaución basado en la garantía de imposibilitar cortes de agua, luz y gas sin que exista una comprobación de la situación del hogar afectado. Los costes deberán ser sufragados por las propias compañías suministradoras.