El exdirector del máster de Cifuentes desvió dinero a su familia de la URJC y usó una 'tarjeta black' del instituto

• El sumario del caso del máster recoge transferencias "no justificadas" a sus hijos y su yerno
• Realizó numerosos pagos personales con una tarjeta con fondos del instituto que dirigía

La Policía investiga varios pagos de Conde a familiares con dinero de la URJC

El exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde realizó transferencias de dinero "no justificadas" de la cuenta del instituto a familiares directos, entre ellos sus hijos y su yerno, y también usó una 'tarjeta black' para gastos personales a cargo del propio centro que dirigía "sin contabilidad" y sin control de la universidad.

Así consta en el sumario de llamado caso del máster, que instruye la juez de Instrucción número 51 de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, en el que hay varias piezas separadas, y que investiga a Álvarez Conde por el asunto de las presuntas irregularidades destapadas en el falso máster que realizó en 2012 la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

Según el informe que corresponde a la Pieza E de la instrucción, Conde hizo transferencias a sus hijos que suman 27.750 euros, mientras que hizo otras de 20.000 euros en el caso de su yerno y el hermano de éste. Todos estos pagos, según el delegado del rector, "no estaban justificados".

La juez Carmen Rodríguez Medel le investiga por delitos de prevaricación y falsedad documental, considerándole el urdidor del sistema montado en el instituto para dar trato de favor a "un grupo escogido" de alumnos, entre ellos también el presidente del PP, Pablo Casado. En las tres ocasiones que ha acudido a prestar declaración, Álvarez Conde se ha acogido a su derecho a no declarar.

En un informe policial aportado a la causa, que ha adelantado la cadena Ser, la Policía concluye que es "llamativo que personas de las que no consta en la URJC que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público, reciban transferencias de dinero de las cuentas de dicho Instituto, no constando en ninguna de ellas ningún tipo de concepto justificativo".

Anomalías en las cuentas detectadas por la universidad

La información sale a raíz de la declaración en sede policial del delegado del rector, quien detectó anomalías en los movimientos de la cuenta del instituto cuando el 4 de mayo de 2018 acude a la sucursal bancaria de la cuenta para hacerse cargo de ella.

Entonces el director le informa de "la gran cantidad de movimientos, especialmente desde 2017", así como "muchos gastos efectuados con la tarjeta de crédito". En concreto, le habla de una transferencia de 100.000 euros a un banco italiano en el que el Instituto tiene abiertas dos cuentas corrientes.

Tras quedar "alarmado" por esta información, el delegado pone todo ello en conocimiento del rector de la URJC, Javier Ramos. Ante estos hechos, pusieron una denuncia en los juzgados de plaza de Castilla.

Gastos personales pagados con una 'tarjeta black'

Además, en el sumario se subraya que Conde realizó numerosos gastos personales como "compras en comercios, bares, restaurantes, gastos de taxis, compras en Spotify, recibos de Telefónica y Orange" con una 'tarjeta black' que usaba con fondos de la cuenta del instituto.

"La realización de todos estos gastos no obedecen indiciariamente a ningún gasto relacionado con el ejercicio de la docencia amén de que en su caso, tampoco se encontrarían debidamente autorizados ni presupuestados con la autorización del Consejo de Gobierno de la URJC", consta en el documento.

Según la denuncia, el instituto funcionaba "sin contabilidad" y sin "presupuesto anual", lo que supone "una grave infracción" de la ley que regula esta materia. Afirma que no se seguía el Plan General de Contabilidad Pública ni la Ley General Presupuestaria del Estado.

Asimismo, se sostiene que incumplía la Ley de Contratación, dado que figuran facturas de 86.000 euros, una cantidad superior a los 15.000 euros que obliga a una licitación pública.

La denuncia deja claro que los fondos del instituto son por definición "fondos públicos y que la aplicación de la normativa en este asunto sobre contratos públicos en este caso son ineludibles".