El juez De la Mata abre una investigación sobre el Campus de la Justicia de Madrid

• El juez investiga al menos cuatro delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario
• La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre encargó el proyecto en 2007 para agrupar las sedes judiciales en Valdebebas

Maqueta de uno de los juzgados que se proyectaron para el Campus de la Justicia.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación sobre posibles irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid al haber admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el proyecto encargado en 2007 por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

En concreto, el juez investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros con relación al proyecto en el que, según consta en un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, constan contratos por valor de 355,5 millones de euros. Fuentes de este tribunal han confirmado que el magistrado está investigando este proyecto, en una causa secreta, pero que todavía no hay ninguna persona imputada.

En el marco de este procedimiento, varios agentes de Policía se personaron este martes en la sede de la Consejería madrileña de Justicia requiriendo documentación sobre este proyecto, según han informado a Efe fuentes del gobierno regional.

El proyecto fue denunciado hace unos meses ante la Fiscalía tanto por el gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Cristina Cifuentes, como por varios diputados de la oposición.

Presuntas irregularidades en la gestión de Campus de la Justicia

La Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de abril la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles delitos de malversación y prevaricación en el Campus de la Justicia. En la denuncia de la Comunidad, se adjuntaba un informe elaborado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., durante los ejercicios 2005-2015.

El informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado marzo concluye que la sociedad creada para el proyecto no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase la legalidad, destacaba la ausencia de documentación que justificase el proyecto, la falta de rendición de cuentas -que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios-, y deficiencias de inversiones financieras, de tesorería y del inmovilizado.

En materia de contratación, describe irregularidades como defectos de tramitación, contratos diferentes al objeto social de la sociedad o sin documentación justificativa.

Además, siempre según dicho documento, el grueso de los contratos (324,7 millones) correspondía a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid, y se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.

Inmuebles que generaron costes "sin tener una sola piedra colocada"

También se ponía de manifiesto el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales solo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, y se informaba sobre posibles adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y supuestas irregularidades contables y en materia de contratación de personal.

Sin embargo, sólo llegaron a traspasarse al Campus de la Justicia dos edificios y las únicas obras que se llegaron a hacer fueron la construcción del Instituto de Medicina Legal y parcialmente dos túneles de interconexión con otros inmuebles que no se llegaron a desarrollar.

Pero, según evidenció el informe, esos inmuebles sí generaron costes, como los edificios del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial que, "sin tener una sola piedra colocada", generaron unos costes de casi 19 millones de euros.

Solo en publicidad, según este documento, se gastaron 6,4 millones (de los que se abonaron cerca de 5,5 millones de euros), aunque el 85% de ese gasto no tenía soporte contractual, como tampoco lo tenían pagos por 2 millones de euros en suministros y servicios detectados por la Cámara.

Después de la expresidenta madrileña, su sucesor, Ignacio González, reformuló el proyecto, si bien el informe de la Cámara de Cuentas afecta tanto al período de Aguirre como al de González.