El Gobierno aprueba dos impuestos y el plan antifraude para recaudar 2.878 millones más

• Hacienda calcula que recaudará 1.200 millones con la tasa Google y otros 850 con el gravamen a las transacciones financieras
• Las medidas contra el fraude fiscal generarán otros 728 millones extra de recaudación

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras y el plan de lucha contra el fraude fiscal que transpone la Directiva antielusión. Unas medidas que supondrán una inyección para las arcas del Estado de 2.878 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que con estos cambios fiscales "nos acercamos a una fiscalidad adaptada a una sociedad del siglo XXI, en la que todos contribuyen según su capacidad y reciben según su necesidad".

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, grava a aquellas empresas con ingresos anuales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones. El nuevo tributo grava el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros. Montero recuerda que el PP calculó en 1.500 millones la recaudación por este impuesto, propuesto por la UE, que España pone ahora en marcha.

Transacciones financieras

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán al tributo las acciones emitidas en España de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros en el mercado secundario. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, ni tampoco la compra de títulos que debuten en la Bolsa.

Quedan fuera del ámbito del gravamen la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria que irán destinados a financiar el sistema público de pensiones.

También ha visto la luz un anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre ellas, la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales lo que permitirá recaudar 218 millones. La inclusión en la lista de morosos a los responsables solidarios y a los que deban más de 600.000 euros (ahora es un millón) que reportará 110 millones y la adopción de otras medidas antifraude que supondrá 500 millones extra.

Control de las criptomonedas

Montero ha detallado que se luchará de forma más eficaz contra la planificación fiscal agresiva de las empresas multinacionales y que se controlará más el uso de criptomonedas. Así será obligatorio que las compañías declaren a Hacienda las operaciones que hagan con criptomonedas y los particulares también tendrán que informar de su uso e incluirlas en la declaración de bienes en el extranjero.

La ministra de Hacienda ha explicado que se prohíbe el software de doble uso que permite a los empresarios la ocultación de ventas y facilita llevar una doble contabilidad. Además se refuerza el control del juego online con una lista negra de páginas de apuestas que no están autorizadas para operar en España.

La Agencia Tributaria contará con una unidad de control de grandes patrimonios y se reforzará su plantilla con 200 nuevos funcionarios, según ha apuntado Montero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el jueves en Bruselas el visto bueno a dos de las subidas tributarias anunciadas, que permitirán incrementar los ingresos públicos para aumentar el gasto social y al mismo tiempo lograr los objetivos de déficit y deuda.

El resto de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de cara a 2019 se incluirán en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata de incrementos o modificaciones de impuestos ya existentes, por lo que no es necesario aprobar textos normativos específicos.