Podemos se querella contra el juez del Supremo que paralizó la sentencia de las hipotecas

• Acusa a Luis María Díez-Picazo de prevaricar en la gestión de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas
• Solicita la suspensión del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo convocado para el 5 de noviembre

La devolución del impuesto de registrar una hipoteca puede oscilar entre los 1.000 y los 4.050 euros

Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a la banca.

El partido de Pablo Iglesias, en la querella presentada ante la Sala de lo Penal del Supremo solicita asimismo la suspensión del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En ese pleno debe decidirse si se confirma la sentencia, dictada el pasado jueves, que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca.

Dicha sentencia constituye un "giro radical", según el propio Díez Picazo, respecto a la doctrina anterior del Supremo, que en febrero estimó que eran los hipotecados quienes debían hacer frente al impuesto.

Díez-Picazo decidió convocar un pleno de la Sala para estudiar la aplicación de esa sentencia, debido a la "enorme repercusión económica" que provocaba y el "giro radical" que supone sobre la doctrina anterior del alto tribunal.

A juicio de Podemos, el presidente de la Sala dictó una resolución jurisdiccional "motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia", movido por "un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española". Y lo hizo "en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras".

Podemos solicita investigar "los motivos reales y espurios"

Podemos solicita investigar "los motivos reales y espurios" que han guiado la actuación de Díez-Picazo y recuerda las informaciones periodísticas que apuntan a que el juez ejerció la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), dependiente de la Asociación Española de Banca. También cuestiona el partido de Iglesias el proceso de selección de Díez-Picazo como presidente de la Sala Tercera, supuestamente ajeno a criterios de mérito y capacidad.

Los querellantes mencionan que Díez-Picazo ya sabía desde enero de 2018 la existencia de un recurso de casación sobre el impuesto, pues él mismo firmó la admisión a trámite. Debería haber sido ahí y no cuando se dictó una sentencia favorable a los consumidores cuando convocara el pleno.

Podemos tiene claro que la decisión del presidente de la Sala es un acto jurisdiccional, no administrativo, y por ello encaja en el tipo penal de la prevaricación, que castiga a los jueces que, a sabiendas, dicten sentencias o resoluciones injustas.

"La resolución es, no solo meridianamente ilegal desde el punto de vista procesal, sino también injusta, puesto que a través de la misma deja sin efecto señalamientos pendientes que pudieran confirmar la tesis de esta sentencia y evitar que actuales Juzgados y Tribunales puedan utilizar a su vez esta sentencia -reiteramos, perfectamente válida y legal - para dictar sus respectivas resoluciones", argumenta.

El castigo previsto es multa de doce a veinticuatro meses y de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años.

"No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos", ha dicho la dirigente de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, al anunciar en Twitter la presentación de esa querella.