El Gobierno y el sector del carbón firman un acuerdo para garantizar una transición justa para el sector

• Se destinarán 250 millones para iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas
• El contrato contempla prejubilaciones con 48 años y bajas incentivadas para los trabajadores

Ejecutivo, Sindicatos y empresas del carbón firman el acuerdo marco para una transición justa de la minería

El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han firmado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la presencia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa.

Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

Consecuencias sociales

Además, el acuerdo dedica un apartado potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como vector del proceso de transición energética justa.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año.

De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Prejubilaciones con 48 años

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional.  Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa.