El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la reprobación del rey en el Parlament sin el apoyo del Consejo de Estado

• Considera que no es vinculante el informe del organismo, que cree no es "objeto" de impugnación

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a su llegada al Consejo de Ministros que se ha celebrado este viernes en Sevilla.

El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución que aprobó el Parlamento de Cataluña el pasado 11 de octubre que abogaba por abolir la monarquía y reprobar al rey pese al informe contrario del Consejo de Estado, que determina que dicha resolución no constituye "objeto idóneo" para su impugnación.

Así lo ha explicado este viernes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros que excepcionalmente se ha celebrado en Sevilla este viernes.

El pasado viernes, la ministra anunció que pedirían un informe al Consejo de Estado en esta cuestión. Finalmente, dicha entidad ha concluido que la resolución contraria a la monarquía no es "no constituye objeto idóneo para su impugnación" a través del artículo 161.2 de la Constitución.

"El Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante", ha expuesto la ministra. El Gobierno "agradece y respeta la opinión y trabajo del Consejo de Estado; respeta el dictamen pero no comparte esa decisión", por lo que interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución.

El Ejecutivo considera que la resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlament "es inconstitucional", pues supone un nuevo intento de la Cámara catalana de "iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república que contraviene a la Constitución".

Pese a que el Consejo de Estado incide en que se trata en una decisión "política y no jurídica", el Gobierno no "entiende" que "sea admisible política o jurídicamente el intento de abolición de la monarquía y ataque injustificado a la figura del rey". Considera además que dicha resolución se extralimita en las funciones del Parlament y "vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía".