Irlanda vota nuevo presidente y la abolición del delito de blasfemia

• Los sondeos señalan al laborista Michael D. Higgins, de 77 años, como el ganador
• Las iglesias protestante y católica comparten que la blasfemia es un término obsoleto

Los colegios electorales han abierto este viernes en Irlanda para elegir al futuro presidente y participar en un referéndum histórico sobre la abolición del delito de blasfemia. Las encuestas apuntan a que el veterano laborista Michael D. Higgins, de 77 años, renovará su puesto para otros siete años y que, la mayoría del electorado, apoyará la eliminación de un artículo de la Constitución que legitima la blasfemia.

Los últimos sondeos han confirmado que el apoyo de Higgins se sitúa en torno al 70 %, muy por delante del empresario Seán Gallagher (12 %), a quien ya derrotó en los comicios de 2011. Les sigue la eurodiputada Liadh Ní Riada (9 %), del partido nacionalista Sinn Féin, única formación política que ha presentado una candidatura que pondría a prueba la popularidad del actual jefe del Estado irlandés.

La blasfemia, "un término obsoleto"

Respecto al referéndum para abolir la blasfemia, las encuestas aseguran que saldría adelante con mayoría simple. El 51 % del electorado votaría a favor de eliminar el delito, frente al 19 % que lo rechazaría y el 25 % que se mantendría indeciso. Los partidos políticos, grupos sociales de diversa índole y la Iglesia Protestante han pedido el "sí" a la eliminación de este concepto que consideran medieval.

También la Iglesia Católica irlandesa es partidaria de este cambio, pues sostiene que la blasfemia es un concepto "totalmente obsoleto" y que las leyes que lo persiguen han sido utilizadas "para justificar la violencia y opresión contra minorías en otras partes del mundo".

Multas de hasta 25.000 euros por difamar

La Ley de Difamación fue reformada en 2009 por el Gobierno de coalición del centrista Fianna Fáil y el Partido Laborista. Prohíbe la blasfemia porque así lo establece una cláusula de la Constitución nacional, si bien nadie ha sido procesado por este delito desde 1855.

La legislación prevé multas de hasta 25.000 euros para aquellos que "publiquen o profieran material que sea gravemente abusivo o insultante en relación con asuntos sagrados para cualquier religión, causando así indignación intencionalmente a un número sustancial de seguidores de esa religión".

El Ejecutivo dirigido por los democristianos considera ahora que su abolición sería un "paso importante" en el camino emprendido por este país para mejorar su "reputación internacional", al tiempo que "daría ejemplo" a los países donde la blasfemia conlleva "la pena de muerte".