Las acusaciones en el juicio del 'procés' y sus derivadas políticas: ¿rebelión, sedición o malversación?

• La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular deben presentar antes del lunes sus conclusiones
• Las acusaciones y petición de penas determinarán la negociación de Presupuestos y marcarán la agenda política

Junqueras, Turull y Romeva, procesados en el juicio del 'procés'.

Llegó la hora de la verdad en el juicio del 'procés'. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, presentarán entre este viernes y el lunes sus escritos de acusación y su petición de penas. Sus conclusiones sobre si lo que hubo en Cataluña fue rebelión, sedición o malversación son determinantes no solo en lo judicial. La decisión que tome la Fiscalía y la Abogacía será clave en lo político y en las relaciones entre el Gobierno y los partidos independentistas.

La Abogacía del Estado depende directamente del Ministerio de Justicia. Por definición, su labor es defender los intereses del Estado. Todas las miradas están puestas en su posición final en relación a los delitos que, a su juicio, se cometieron los días que van desde la aprobación en el Parlament de Cataluña de las leyes de desconexión con España hasta la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre, pasando por el referéndum del 1-O.

El Gobierno ha asegurado en numerosas ocasiones que no ha dado instrucción ni recomendación alguna ni a la Abogacía ni tampoco a la Fiscalía y que éstas elaborarán sus calificaciones de acusación basándose en exclusiva en "argumentos jurídicos". A nadie se le escapa que lo que decida la Abogacía del Estado se planteará como la posición final del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sea cual sea la decisión de la Abogacía del Estado, habrá duras críticas

Si opta por la rebelión, encenderá los ánimos independentistas- con unas consecuencias que podrían ser definitivas en la paralela negociación de los Presupuestos Generales del Estado- y si se decide por la malversación, entonces serán PP y Ciudadanos los que se lancen a por el Gobierno, recrudenciendo unas críticas ya muy duras.

El Gobierno ha ido preparando el terreno en las últimas semanas y ha dicho que si finalmente esta institución descarta la rebelión- que conlleva penas de entre 15 y 30 años- esto no debe entenderse como el "gesto" que piden PDeCAT y ERC como moneda de cambio para bendecir las cuentas del Ejecutivo socialista.

En un discurso ambivalente, los partidos independentistas critican, por un lado, la, a su juicio, "inexistente" separación de poderes en España, pero, por otro, piden al Gobierno que inste a la Fiscalía y a la Abogacía a que retiren de sus escritos finales la rebelión en el juicio que lleva el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

¿Sedición? En el punto intermedio

Las acusaciones podrían tomar una tercera vía -la sedición-, posible opción de la Abogacía del Estado que en agosto, cuando el juez cerró la instrucción del caso, no mostró disconformidad con el delito de rebelión.

Por parte del Gobierno, poco a poco, ha ido sucediéndose un goteo de cargos- de menor a mayor relevancia, hasta llegar al presidente del Gobierno- para poner en duda la aplicación de la rebelión en la causa del 'procés'.

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, insinuaban, de forma indirecta, que en Cataluña no se dio ese extremo, para el enfado de PP y Cs. Vincularon dicho delito al uso de "armas" y en Cataluña no hubo armas. La oposición se le echó encima porque Sánchez llegó a reconocer el pasado mayo y de forma clara que "lo que pasó en el Parlament de Cataluña el 6 y 7 de septiembre fue un delito de rebelión".

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; el líder del PSC, Miquel Iceta; y ministros como José Luis Borrell (Exteriores), Meritxell Batet (Política Territorial) y José Luis Ábalos (Fomento) habían planteado también dudas sobre si lo ocurrido en Cataluña es rebelión, además de asegurar que "no ayuda" que los líderes independentistas estén en la cárcel para la resolución del conflicto.

De la decisión judicial que se tome esta semana puede depender, en parte, no solo la negociación de Presupuestos sino la estabilidad de la legislatura de Sánchez, que no sería hoy presidente de no haber tenido el apoyo de PDeCAT y ERC. Para estas dos fuerzas "todo" depende del juicio.

¿Qué es rebelión y sedición?

​Son reos de delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes fines:

1. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2. Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o reina o al regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4. Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

6. Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

7. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Por otro lado, son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.