Las 10 claves de la rebelión: el plan secesionista contemplaba la "violencia necesaria" y la DUI no fue "simbólica"

• La Fiscalía acusa a los líderes del 'procés' de rebelión y pide 25 años de prisión para Junqueras

Imagen de la protesta frente a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017

"El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida- ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido".

La violencia es el principal de los argumentos (pdf.) que plantea la Fiscalía General del Estado que acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para 'los Jordis' y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

La Fiscalía del Tribunal Supremo acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide para ellos penas de hasta 25 años de prisión: 25 para Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

En su escrito de calificaciones provisionales, presentado este viernes ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público añade que se valieron para conseguir su fin de la "fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos; y por otra, el uso de los Mossos d'Esquadra como cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos que acataría exlusivamente sus instrucciones- como así sucedió- y que, llegando el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales".

Los argumentos de la Fiscalía para justificar el delito de rebelión, que conlleva penas de hasta 25 años, son muy similares a los que en su día uso el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en su auto de procesamiento.

Estas son las 10 principales claves del escrito de acusación:

1. Estrategia "delictiva" conjunta del Govern, Parlament, partidos y entidades

La Fiscalía asegura que la "estrategia delictiva" se basó en una actuación "combinada y sincronizada" del Gobierno de la Generalitat, el Parlament, los partidos independentistas y las entidades soberanistas. Tres fueron los pilares básicos: el "parlamentario", el "ejecutivo" y el "social".

En relación al eje parlamentario, la Fiscalía destaca que el "epicentro" estaba en la actuación de la Mesa del Parlament, cuya función consistía en "permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales". La misión principal del pilar "ejecutivo" era la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación" que legitimara internacionalmente su proyecto de "segregación territorial", así como la creación y desarrollo de "estructuras de Estado paralelas".

El eje social, en el que tuvieron un "papel crucial" ANC y Ómnium Cultural, consistió en la "movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república".

2. Junqueras, promotor de la rebelión con la "aparición estelar" de 'Los Jordis'

La Fiscalía sitúa en el liderazgo del 'procés', y en el marco de esos dos ejes ejecutivo y parlamentario, al exvicepresidente de la Generalitat Junqueras y a la expresidenta del Parlament Forcadell.

Así, de entre los procesados que se encuentran en España, la Fiscalía atribuye a Junqueras ser el jefe principal o promotor de la rebelión y por ello pide para él la pena más alta. La preparación y ejecución del referéndum del 1-O corrió a cargo de su mano derecha, Josep María Jové.

Destaca, además, la "aparición estelar" en el proceso soberanista de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a quienes atribuye un "papel crucial" como líderes de los movimientos populares a la hora de ejercer "un instrumento de presión". Tenían un protagonismo tan relevante, dice el ministerio público, que "casi desplazaron con su dominio de las movilizaciones multitudinarias la actuación de los Mossos".

3. Episodios violentos

Destaca la Fiscalía la "incendiaria convocatoria" del asedio a la Consellería de Economía el 20 de septiembre, donde 'los Jordis' alentaron a los catalanes a la movilización con el argumento de que "las fuerzas del orden se habían equivocado y habían declarado la guerra a los que querían votar". "Dieciséis horas de asedio", señala la Fiscalía, en las que la comisión judicial que registraba la Consellería careció de libertad de movimiento y cuatro vehículos de la Guardia Civil acabaron "devastados y destrozados", con varias armas en su interior que quedaron "al albur del vandalismo desplegado", reza la argumentación.

Además de esa convocatoria, la Fiscalía destaca los múltiples episodios de violencia que tuvieron lugar después. Entre ellos el propio referéndum del 1-O, donde se desataron "actos de violencia y agresión" y "numerosas situaciones de tensión, enfrentamiento y violencia" contra las fuerzas de seguridad del Estado.

4. "Una masa organizada de personas ocuparon colegios el 1-O"

"Una masa organizada de personas, convocadas a tal fin por los acusados, ocuparon los colegios electorales, encerrándose en los mismos con la finalidad de ofrecer resistencia a la actuación que había sido acordada por orden judicial", reza la argumentación de la Fiscalía, que insiste en que los acusados se "valieron" de la población civil, a la que denomina de "muro humano".

Se destaca que Junqueras y el conseller de Interior, Joaquim Forn, optaron por no paralizar la jornada del referéndum ilegal a pesar de que los Mossos d'Esquadra aconsejaron la suspensión de la votación ya que había "riesgo de violencia en la calle".

5. Actuación de los Mossos: permanecieron "absolutamente pasivos"

La Fiscalía lamenta después que casi todas las "parejas de Mossos" permanecieran "absolutamente pasivas" y "sin intervenir" en los colegios e incluso "en algunos centros de votación fue la propia dotación de los mossos la que se enfrentó con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir que clausuraran el centro".

Considera, por tanto, que los Mossos tuvieron un papel "imprescindible", dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial, como hacer seguimientos a la Policía Nacional y la Guardia Civil, entorpecer su labor e incluso oponerse físicamente. Los mandos de la Policía catalana antepusieron las directrices políticas recibidas del Govern al cumplimiento de la ley y dieron cobertura a los ciudadanos movilizados en la calle.

Se refiere también, para justificar la rebelión, a los "actos de acoso continuo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional", que sufrió, en opinión de la Fiscalía, "escraches".

6. La Declaración de Independencia no fue "meramente simbólica"

La Fiscalía argumenta en su escrito provisional que la declaración de independencia del 27-O no fue "meramente simbólica", ya que la Generalitat tenía a punto las estructuras y normas para desarrollar el "marco jurídico" de la República y un plan para garantizar que los Mossos d'Esquadra asumieran el control de todo el territorio.

Los seis exmiembros del Govern acusados, con Junqueras a la cabeza, trataron de crear y desarrollar estructuras de estado paralelas (Hacienda, Seguridad Social, Poder Judicial, e incluso embajadas en algunos países) que pudieran sustituir a los órganos estatales.

7. El Govern "burló" el control del Estado para pagar el referéndum del 1-O

La Fiscalía concluye, por otro lado, que la Generalitat "burló" el control del Estado para financiar el proceso independentista y el referéndum ilegal del 1-O, con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior que eleva a más de tres millones de euros.

Explica que "todos los miembros" del ejecutivo catalán "sin excepción" se concertaron para incurrir en una serie de gastos para los preparativos del referéndum y el proceso de declaración de independencia, "burlando" el control estatal de las cuentas de la Generalitat. Así, un total de 3,07 millones de euros públicos destinó la Generalitat al proceso soberanista catalán.

8. Hoja de ruta iniciada en 2015 con un punto de inflexión: elecciones del 27S

El Ministerio fiscal, tal y como hizo el Supremo, sitúa en 2015 el inicio de la "hoja de ruta" del proceso de independencia en el que ya se estableció que las elecciones del 27 de septiembre tendrían un carácter "plebiscitario", de modo que "votar a las candidaturas soberanistas supondría un pronunciamiento favorable a la independencia y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la proclamación de la república catalana en un plazo de 18 meses".

Tras esos comicios, la finalidad de la legislatura se centró en obtener la independencia, para lo cual se estableció como herramienta "imprescindible" el uso de la movilización social, que se convertiría, a juicio de la Fiscalía, en el "instrumento coactivo más decisivo y eficaz para doblegar la voluntad del Estado".

9. "Manipulación informativa"

La Fiscalía se refiere a la "manipulación informativa sobre la realidad de lo que estaba sucediendo durante esos días", hasta el punto que Reporteros sin Fronteras denunció la "presión" que desde la Generalitat se ejerció sobre los medios internacionales desplazados para cubrir el 1-O. A su juicio, se remitían informaciones sesgadas, se pedía un enfoque concreto y aquellos periodistas "que no se plegaron a sus pretensiones fueron objeto de campañas de acoso".

También la cifra de casi el millar de heridos, según la Fiscalía, fue "manipulada" por la Generalitat para "magnificar la represión policial".

10. ¿Y Puigdemont? La Fiscalía le cita solo tres veces

El expresident Carles Puigdemont aparece casi de forma anecdótica en el escrito de la Fiscalía cuando es citado como "procesado huido" en tres ocasiones. La acusación no se dirige contra él al encontrarse en Bélgica desde el 29 de octubre del año pasado.

La justicia alemana decretó libertad para Puigdemont y descartó el delito de rebelión al considerar que no se dio la "violencia suficiente".