Buch alega que solo "escenificó" el apoyo "político" de los alcaldes al 1-O

• El actual conseller de Interior declara ante el TSJC por su actuación cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios
• Buch y Neus Lloveras están imputados por desobediencia por promover el referéndum desde las entidades municipalistas

Neus Lloveras y Miquel Buch, acompañados del presidente de la Generalitat, Quim Torre, a su llegada al TSJ de Cataluña.

El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ha negado que diera órdenes para organizar el referéndum independentista del 1-O a través de los alcaldes soberanistas cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y ha alegado que se limitó a "escenificar" el apoyo del mundo local a esta consulta mediante una "declaración política".

Buch, junto a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, han declarado este martes como investigados por un presunto delito de desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a raíz de una querella de la Fiscalía presentada en septiembre de 2017, que les acusaba de promover el 1-O entre los alcaldes cuando presidían sus respectivas entidades municipalistas, unos cargos que actualmente ya no ocupan.

El conseller y Lloveras, que es alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), han acudido al tribunal arropados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, los miembros del Govern, diputados y representantes de la AMI y la ACM, que han gritado a las puertas del alto tribunal "No estáis solos" y "Libertad".

El TSJC investiga a Buch y Lloveras por un delito de desobediencia, por haber promovido el 1-O entre los alcaldes, buscando el apoyo logístico de los ayuntamientos independentistas al referéndum, pese a que la consulta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

La querella de la Fiscalía se basa en tres correos que las entidades soberanistas enviaron a los alcaldes que las integraban: uno con un modelo de decreto de Alcaldía para que mostraran su apoyo al referéndum, otro con un informe de un colectivo de Secretarios e Interventores de la administración local por la independencia que defendía la legalidad de la consulta y un tercero con una copia de carteles de propaganda del 1-O.

Aseguran que no desobedecieron al TC

Ambos han defendido que que no desobedecieron al Constitucional porque el correo que enviaron pidiendo el apoyo de los alcaldes al 1-O fue previo a la suspensión del referéndum por parte del alto tribunal y que solo hicieron recomendaciones y nunca dieron órdenes a los alcaldes.

Según han informado fuentes judiciales, Buch ha recalcado ante el juez que el decreto de Alcaldía enviado a los alcaldes era una mera propuesta de "declaración política" con la que se pretendía "escenificar" el apoyo de los ayuntamientos "del territorio" al 1-O, aunque ha precisado que cada consistorio era libre de sumarse o no a la iniciativa, dado que la ACM se fundamenta en el "respeto a la autonomía local".

Tanto el conseller como Lloveras han destacado que la ACM y la AMI eran "entidades privadas" de las que formaban parte ayuntamientos de distinto signo político, no sólo independentistas, también del PP y del PSC.

Los investigados han argumentado además que, dado que no ostentaban ningún cargo público vinculado a la organización del 1-O, no recibieron el apercibimiento que el Constitucional remitió a los miembros del Govern y de la Mesa para advertirles de su obligación de impedir la celebración del referéndum suspendido.

Respecto al modelo de carteles de publicidad del 1-O que se remitió a los alcaldes cuando la consulta ya había suspendida, Buch y Lloveras han señalado que esta gestión no tenía nada que ver con la organización del referéndum, porque cada ayuntamiento podía decidir voluntariamente si los colgaba o no en su municipio.

Los imputados se han desvinculado también del documento de secretarios municipales defendiendo la legalidad del 1-O y han apuntado que se limitaron a dar difusión a un informe relacionado con la consulta que había confeccionado una "sectorial" de cargos municipales que forma parte de las entidades locales soberanistas.

Solo se limitaron a "informar"

En declaraciones a los medios tras su comparecencia judicial, de menos de media hora cada uno y en la que el fiscal no ha formulado ninguna pregunta, Lloveras ha asegurado que la AMI y la ACM son espacios de debate político y que, con los correos que están bajo sospecha en la causa,  se limitaban a "hacer política", expresar opiniones y voluntades,  y posicionarse sobre temas de actualidad.

Buch ha subrayado que se limitaron a "informar" a los ayuntamientos sobre la aprobación de la ley y los decretos sobre el referéndum, como hacían con toda la actividad legislativa, y que también "animaron" a los consistorios a participar en el referéndum.

En cualquier caso, Buch ha insistido que actuó siempre "respetando" la autonomía local de los ayuntamientos y que no dio ninguna orden a los alcaldes, tan sólo "recomendaciones" para que contestasen a las peticiones que recibían del gobierno catalán y del Parlament tras la aprobación de la ley del referéndum.

Además, Lloveras ha recordado que sobre los tres correos electrónicos enviados por ella cuando era presidenta de la AMI, el 6 de septiembre, el 10 y el 12, ya fue interrogada en el Tribunal Supremo y la causa contra ella se sobreseyó, por lo que ha confiado en que el procedimiento no prospere y se archive.

Los actuales presidentes de la ACM y de la AMI, David Saldoni y Josep Maria Cervera, respectivamente, han acompañado también a Buch y a Lloveras al TSJC y han asegurado que sus predecesores solo canalizaron la voluntad que les habían expresado la mayoría de alcaldes catalanes.