El Observatorio recomienda a los jueces investigar el riesgo de la víctima aunque no solicite medidas de protección
- El CGPJ publica una guía para evitar la "segunda victimización" de las mujeres cuando acuden a la justicia
- El documento incluye recomendaciones para tomarles declaración en todas las fases del procedimiento judicial
La negativa de una víctima de violencia de género a declarar en contra de su agresor, el hecho de que minimice la gravedad de los hechos que ella misma ha denunciado o que no pida medidas de protección puede deberse al miedo que siente ante la persona que la está maltratando. Por este motivo, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recomienda a los jueces que investiguen siempre los posibles factores de riesgo tanto para la mujer como para sus hijos en la nueva guía de buenas prácticas judiciales que acaba de publicar.
El documento, que pretende que las víctimas no sufran una "segunda victimización" al acudir a la justicia como han denunciado organizaciones feministas en los últimos meses, también hace recomendaciones sobre la manera en la que se debe interrogar a estas mujeres para que no sientan que se las cuestiona por no haber denunciado antes o que se pone en duda la propia veracidad de su relato.
El texto recoge, en este sentido, recomendaciones para todas las fases del procedimiento (instrucción, enjuiciamiento y ejecución de la sentencia) con el objeto de que las víctimas "se sientan acompañadas y perciban la sensibilidad y comprensión de nuestro sistema legal", según ha explicado el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Un "nuevo paso", dice el CGPJ en su nota de prensa, para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Investigar los factores de riesgo en la fase de instrucción
La guía, elaborada por el grupo de expertos y expertas que asesora al Observatorio, incide en la importancia de la primera declaración de la víctima que acude directamente al juzgado a denunciar los hechos, ya que esta determina muchas veces el éxito o el fracaso de la instrucción. Se recomienda que esta declaración se realice directamente ante el juez y que se garantice su intimidad en el transcurso de la misma.
En aquellos casos en los que la víctima no solicite medidas de protección, reste importancia a los episodios denunciados, manifieste no tener miedo al investigado o se acoja a la dispensa de no declarar en su contra, deberá indagarse sobre la existencia de posibles factores de riesgo para ellas y sus hijos. La negativa a declarar, advierten los expertos, "puede ser expresiva de una situación de riesgo" cuando no obedece a la voluntad de la víctima, sino al miedo al investigado a la coacción de este, señala en CGPJ en el comunicado.
Durante esta primera fase de instrucción, las víctimas tienen que ser informadas, además, de las medidas de protección existentes. En este sentido, la guía incide en que se les aclare que no se aplican de forma automática y que también pueden ser adoptadas de oficio aun cuando la víctima se oponga.
"La víctima tiene derecho a no sentirse humillada de nuevo"
Los expertos inciden en que "la víctima tiene derecho a no sentirse humillada de nuevo" porque si ello ocurre, advierten, puede decidir no seguir adelante con el procedimiento por "falta de confianza en la justicia". Para ello, no puede olvidarse durante la celebración del juicio que tiene una doble condición de víctima/testigo y que siente un miedo lógico al tener que acudir a declarar en el juicio oral.
Entre otras "buenas prácticas", los expertos citan la información clara -por ejemplo, informar a las víctimas de que pueden declarar por videoconferencia-; un trato que no haga a la víctima sentirse culpable del maltrato sufrido, que no le cause mayor ansiedad de la que ya tiene; y evitar el "maltrato institucional" que supone, por ejemplo, que la víctima sienta que se cuestiona la veracidad de su relato, una valoración que solo corresponde hacer al juez o a la jueza en la sentencia.
Durante el juicio también debe evitarse, incide el CGPJ, que las partes formulen a la víctima preguntas sobre aspectos de su vida privada que no tengan relevancia para el esclarecimiento de los hechos enjuiciados.
Una vez dictada la sentencia, si esta es condenatoria, la víctima tiene derecho a ser informada si su agresor tiene beneficios penitenciarios o permisos para salir de prisión y pedir medidas de protección.