Junqueras, Jordi Sánchez y tres exconsellers piden la recusación del juez Marchena por "falta de imparcialidad"

• Marchena es el presidente de la sala que va a juzgar a los líderes independentistas
• Turull, Rull y Sánchez piden ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Fotografía de archivo, tomada el 15/11/2018, del juez Manuel Marchena.

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, y el expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, todos ellos en prisión preventiva, han presentado este martes su escrito de recusación al magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que va a juzgar a los acusados por el 'procés' independentista, y le acusan de "falta de imparcialidad"

Todos ellos piden que Marchena sea apartado del tribunal que les juzgue después de las últimas noticias que afectan al juez, como los mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre su elección como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tan solo el abogado del exconseller Joaquim Forn ha descartado recusar a Marchena, han informado la defensa a RTVE.es.

Marchena fue la persona acordada por PP y PSOE para que presidiera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, pero justo este mismo martes, ha presentado su renuncia y no aceptará el cargo.

Tanto el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, como el de Turull, Rull y Sánchez, Jordi Pina, han presentado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo sus escritos de recusación en relación con el juez Marchena, en el que, entre otras cosas, se denuncia "falta de imparcialidad" judicial, a raíz de las informaciones de los últimos días.

Las alegaciones

Las defensas subrayan que sus clientes tienen "derecho a un juez imparcial" y alegan que el WhatsApp que Cosidó envió a sus senadores sobre la elección de Marchena, es una muestra de que no se cumpliría tal imparcialidad.

"De ser cierto su contenido, pondría en clara evidencia la inequívoca coincidencia de intereses entre el señor magistrado y el Partido Popular, hasta el punto de haberse acordado su Presidencia para que actuase como correa de transmisión de los designios de dicha formación política en el Consejo General del Poder Judicial y como medio de control en la sombra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", explica el escrito del abogado de Turull, Rull y Sánchez.

Además, Van den Eynde recuerda la "existencia de un acuerdo político" -el pacto entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ- para el reparto de los vocales en el Consejo General del Poder Judicial, así como las "manifestaciones" de Cosidó.

"El magistrado recusado es, pues, protagonista de dicho pacto para controlar el Poder Judicial, y a él se le atribuyen características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación en el proceso que nos ocupa", añaden.

Para los letrados, dicho pacto entre PP y PSOE tiene "la intención de controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional con el fin último de, a través de tales nombramientos, controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en dichos tribunales".

Piden que les juzgue el TSJC

Además de la recusación, el letrado de Turull, Rull y Sánchez ha solicitado que sea la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien les juzgue y alegan falta de "competencia territorial del Supremo para el enjuiciamiento de los hechos" porque los delitos que se les acusa fueron realizados "íntegramente en territorio catalán".

Además, el abogado incide también en que si les juzga el Supremo, sus clientes no tendrían derecho a "la doble instancia" que sí que tendrían en el TSJC.

Por ello, la defensa solicita a la Sala que celebre una vista de artículo de previo pronunciamiento (el equivalente a las cuestiones previas) en el que se analice si el Alto Tribunal es competente para juzgar a los 18 acusados.

En un escrito de 32 páginas presentado este martes, la defensa de estos tres procesados pide expresamente al Supremo que tenga por formulada declinatoria de jurisdicción y, previos los trámites legales y la correspondiente vista, "proceda a declarar su falta de competencia territorial para el conocimiento de los hechos enjuiciados y a inhibirse de tal conocimiento en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" de acuerdo con el artículo 674 de la Ley de Enjuciamiento Criminal.

Añade que, que hasta tanto no se dé respuesta al presente artículo de previo pronunciamiento quede en suspenso el plazo de diez días que el tribunal dio este lunes para que las defensas presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

JxCat y ERC respaldan la recusación

JxCat y ERC se han sumado a las críticas al juez Manuel Marchena y han apoyado que sea apartado de la causa del procés y que no pueda juzgar a "los presos políticos" catalanes, ya que consideran que su "vinculación con el PP" resulta evidente, y que "carece de la mínima imparcialidad" para garantizar un juicio justo.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, y la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, han precisado que el juez no debería seguir al frente de la Sala Segunda del Supremo porque las declaraciones realizadas en los últimos días por portavoces de PP y PSOE "reflejan la vinculación de Marchena" con el primero de estos partidos, el PP.