La ley permitirá a los partidos rastrear opiniones políticas en redes sociales para personalizar la propaganda electoral

• El Senado debate este miércoles el texto de la nueva Ley de Protección de Datos ante la alerta de los expertos
• Si la ley sale adelante sin cambios, los partidos podrán mandar propaganda electoral por medios electrónicos

El Senado debate la nueva Ley de Protección de Datos con la polémica reforma que afecta a partidos políticos

La nueva ley de Protección de Datos permitirá a los partidos políticos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad de consentimiento del afectado para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda electoral, que podrán enviar no solo por el tradicional correo postal, sino también a través de medios electrónicos o de mensajería.

El texto de la nueva ley se debatirá este miércoles en el Senado. Si sale adelante sin incorporar ningún cambio quedará finalmente aprobada y lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor.

La clave de este cambio está en la disposición final tercera del nuevo texto [.pdf] que modifica la Ley del Régimen Electoral General y que establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas".

Esta disposición, introducida mediante una enmienda presentada por el PSOE y respaldada por todos los grupos según informa Efe, establece que tanto los partidos políticos, como las coaliciones y agrupaciones electorales "podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".

Sobre este particular, la nueva ley recogerá que "el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial". Se facilitará, recoge el texto, un "modo sencillo y gratuito" para que las ciudadanos puedan oponerse a que se le envíen estas comunicaciones.

De esta forma se abre la puerta a la ejecución de unas prácticas para los partidos que, sin embargo, son ilegales para el resto de colectivos, de acuerdo a la misma ley de Protección de Datos.

Los juristas ven "gravísimo" la modificación de este aspecto

El abogado experto en Derecho Digital Borja Adsuara considera este asunto "gravísimo" porque las opiniones políticas están incluidas legalmente en las categorías especiales de datos personales que están "especialmente protegidos", según explica a Efefuturo.

El abogado y delegado de Protección de Datos Jorge García, uno de los primeros juristas en dar la voz de alarma sobre el alcance de este artículo, advierte en su blog del riesgo que supone "dejar las manos libres a unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir poder".

Paradójicamente, según los expertos, la supuesta motivación de la enmienda era evitar nuevos casos de usos ilícitos de información personal para fines electorales como ocurrió con el escándalo de la consultora "Cambridge Analytica" vinculada a la campaña que dio la victoria en EE.UU. a Donald Trump, tras tener acceso, analizar y diseñar algoritmos basados en datos personales de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

Sin embargo, el panorama que se abre ahora con esta nueva ley en lo relativo al posible uso indiscriminado de datos personales para fines electorales "es mucho peor" que el planteado por Cambridge Analytica, advierte Adsuara.

La ley habla de "garantías adecuadas" pero no desarrolla cómo

La ley autorizará que los partidos políticos puedan utilizar datos personales sobre opiniones políticas de las personas en beneficio propio con fines electorales amparándose en un supuesto interés público y únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas, pero no se precisa nada respecto a esto último, añade el experto.

En el marco de su trámite parlamentario, este proyecto de ley de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales fue aprobado por unanimidad la semana pasada por la comisión de Justicia del Senado, tras el rechazo a una treintena de enmiendas que se mantienen vivas, en su mayoría de perfil técnico.

La esencia de esta ley es adaptar el ordenamiento español al nuevo reglamento europeo de protección de datos que entró en vigor el pasado 25 de mayo y que cambia las reglas de juego de las empresas al exigirles consentimiento expreso del afectado para poder usar sus datos para finalidades distintas a las iniciales para los que fueron recabados.