"Veía en su cara que no me creía": el infierno de denunciar una violación

• Amnistía Internacional denuncia la falta de protocolos, recursos y formación para atender a las víctimas de violencia sexual
• En España se denunciaron 788 violaciones en el primer semestre de 2018, cuatro al día, por debajo de las cifras europeas

Blanca denuncia la desprotección de las víctimas de violencia sexual en el informe "Ya es hora de que me creas" de Amnistía Internacional

Blanca (nombre ficticio) tiene ahora 21 años. Hace dos volvía a casa de noche y, a menos de cien metros, un hombre la asaltó y la violó. Cuenta que el agresor intentó asfixiarla y llegó a perder el conocimiento dos veces.

El recuerdo de lo que pasó después la atormenta tanto como la misma violación: 18 horas de angustia acudiendo, incluso en autobús, a dos comisarías y dos centros médicos diferentes para poder denunciar y pasar un reconocimiento médico. Sin que la policía le ofreciera asesoramiento legal, sin una mano amiga que la ayudara a superar el peor momento de su vida.

Es uno de los testimonios que ha recogido Amnistía Internacional en su informe "Ya es hora de que me creas", y que documentan cómo la falta de un protocolo de actuación y de recursos públicos específicos para atender a las víctimas de violencia sexual convierten la denuncia de una violación en una odisea llena de "piedras en el camino". Para quitarlas, lanzan la campaña #noconsiento.

La invisibilización del problema, el cuestionamiento de las víctimas y la desprotección efectiva provoca que "el 100% de las mujeres entrevistadas no volvería a denunciar", según el informe de Amnistía Internacional. "Esa no puede ser la idea con la que se queden las mujeres después de pedir protección a las instituciones. No puede ser que las mujeres se sientan juzgadas durante todo el proceso", dice Virginia Álvarez, una de las autoras del estudio.

Esteban Beltran presenta el informe de Amnistía Internacional "Ya es hora de que me creas" sobre violencia sexual AMNISTÍA INTERNACIONAL

Violencia “masiva e invisible”

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015 apunta que casi el 14% de las mujeres residentes en España han sufrido algún tipo de violencia sexual. Pero la gran mayoría no llega a denunciar. El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge que en el primer semestre de 2018 se han denunciado 788 violaciones, cuatro al día; en plena ola del #metoo, supone un aumento del 30% con respecto a 2017.

Pero Amnistía Internacional compara los datos con los de otros países europeos: según Eurostat, en 2015 en Suecia se denunciaron 57 violaciones por cada 100.000 habitantes, mientras que en España fueron menos de 3 (sólo 2,65 denuncias por 100.000 habitantes). Veinte veces menos. España está en el número 25 de 32 países europeos en cuanto a número de denuncias.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, lo tiene claro: "La violencia sexual contra las mujeres es masiva, afecta a millones de mujeres, pero también es invisible: no denuncian porque no creen que el sistema las respalde. La estigmatización y el miedo a no ser creídas continúa".

“Yo veía en su cara que no me creía“

Lo confirma Blanca: tenía 19 años cuando fue agredida y acudió con su madre a la comisaría, pero la obligaron a prestar declaración a ella sola, durante cinco horas: "Las preguntas eran muy repetitivas, y el policía muy desagradable, hacía como caras. Me hacía sentir incómoda. Yo veía en su cara que no me creía".

Las preguntas sobre la hora que era, qué ropa llevaba, si había bebido... ponen en duda la credibilidad de la víctima, denuncia Amnistía. La formación de todo el personal que atiende a la mujer después de la agresión, desde el policía que toma la denuncia al médico que cura las heridas, es esencial, dicen.

La ‘lotería’ de las Comunidades Autónomas

Blanca salió de la comisaría para ir al hospital, pero los policías no le advirtieron de que, en su ciudad, Madrid, sólo podía acudir a uno: La Paz, el centro de referencia, para que el forense acudiera a tomar muestras.

No es así en otras ciudades. Y es una de las denuncias de Amnistía: no hay un protocolo único de actuación. Cada comunidad autónoma tiene el suyo, que varía también por provincias y municipios, en función de los recursos -siempre escasos, según AI- de los que se dispongan.

En algunas ciudades hay que ir primero a denunciar para que después te atiendan en Urgencias y el forense se persone en el centro. En otros, lo primero es ir al hospital, y desde allí se avisa a la Policía.

Pero ¿cómo saber a dónde ir? Primero, con formación e información. Amnistía demanda más campañas que enseñen a las mujeres qué pueden hacer tras sufrir una agresión sexual.

Y después, con lugares de referencia y personal especializado. Según el informe, ninguna de las 17 Comunidades Autónomas tiene un “centro de crisis” abierto 24 horas, donde la mujer pueda sentirse "segura, atendida y acompañada" en todo el proceso, con personal médico y asesoramiento legal especializado. Sólo siete CC.AA. tienen centros de atención especializada para víctimas de violencia sexual.

Bárbara Tardón, otra de las autoras del informe, cree que todas estas medidas deberían incluirse en la Ley de Violencia de Género "de forma transversal: medidas de prevención, servicio asistencial especializado, Justicia especializada, que se acompañe a las víctimas en el proceso, y una reparación integral del daño, que ahora suele ser sólo económica y debe ir más allá con recuperación de derechos, reconocimiento público de la verdad, y seguimiento especializado". Medidas que en la ley se aplican sólo a las víctimas de violencia de género y no a las de violencia sexual.

Maltratada por la Justicia

Han pasado cinco años pero a Mónica Méndez aún le cuesta hablar de la muerte de su hija Raquel. Tenía 15 años cuando se suicidó, destrozada tras enfrentarse al hombre que la acosaba por internet, le pedía fotos desnuda y la amenazaba con publicarlas.

Mónica Méndez, cuya hija se suicidó tras sufrir ciberacoso sexual, denuncia la desprotección ante la justicia de las víctimas junto a Amnistiá Internacional AMNISTÍA INTERNACIONAL

La chica tuvo dos ataques de ansiedad y se atrevió a contárselo todo a su madre. Ella la llevó a comisaría, con las pruebas del ciberacoso en el ordenador y un culpable con nombres y apellidos. "Yo creí que le iban a detener inmediatamente, mi hija era menor, pero nos dijeron que aquello era un proceso, que tenían que investigar y que ya irían ellos a por los archivos. Nos mandaron a casa".

Al día siguiente, Raquel saltó por la ventana. Con el forense en casa, la Policía se presentó para llevarse la CPU con todas las conversaciones que la niña había mantenido con su acosador. "Yo ya no tenía prisa, era a mi hija a quien tenían que ayudar, y ya era tarde", cuenta con tristeza Mónica.

“Se quedó en una multa por coacciones. 2.000 euros vale la vida de mi hija“

"Me siento maltratada por el sistema judicial. He sido un número más para la Justicia. Han pasado cinco años hasta que ha salido el juicio y no llegué a entrar en la sala. La fiscal me empujó a llegar a un acuerdo y se quedó en una multa de 2.000 euros por un delito de coacciones. 2.000 euros vale la vida de mi hija", dice Mónica, que se sintió desprotegida en los juzgados.

Les pasa a muchas víctimas: obligadas a encontrarse en los juzgados con sus agresores, interrogadas por el tribunal sobre aspectos íntimos o detalles dolorosos, sin acompañamiento ni asesoramiento legal. Una piedra más en el camino, según Amnistía Internacional.

"Ya es hora de que me creas": seis medidas urgentes

El informe "Ya es hora de que me creas", que ha recopilado información durante dos años, adelanta seis medidas urgentes para garantizar los derechos de las mujeres frente a la violencia sexual:

• Recopilación de datos para dimensionar un problema invisibilizado.
• Crear “centros de crisis” especializados en todas las CCAA.
• Un protocolo común de actuación sanitaria y legal frente a la violencia sexual.
• Reformar el Código Penal incluyendo un tipo específico de violación donde la clave sea el consentimiento libremente otorgado.
• Asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas y formación de género a los profesionales de la Justicia.
• Impulsar la reparación de las víctimas no solo económica, también con rehabilitación y garantías de no repetición.