Hacienda reduce a 196.000 euros la suma de lo que pagó el Govern por el 1-O

• Remite un informe al juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum independentista ilegal
• Esta cantidad, muy lejos de los tres millones de euros que calcula la Fiscalía, se basa en el gasto reflejado por la Generalitat

El expresidente catalán Carles Puigdemont a su llegada al colegio donde pretendía votar en el referéndum del 1-O.

El Ministerio de Hacienda ha reducido a 196.906 euros la suma que el Govern pagó por los gastos de organización del referéndum del 1-O, principalmente por los viajes de los observadores internacionales, a los que suma otros 615.717 euros que no llegaron a abonarse.

Hacienda ha remitido un informe, al que ha tenido acceso Efe, al juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum en el que cifra en 812.624 euros en total -entre facturas pagadas y otras comprometidas que no llegaron a abonarse- el gasto público destinado al 1-O.

La cifra apuntada por Hacienda, que advierte en su informe de que sólo ha podido analizar el gasto incluido en los expedientes de la Generalitat y no necesariamente el "real", dista de los tres millones de euros en que la Fiscalía cifra el dinero malversado por el Govern en el escrito de acusación por rebelión contra los líderes independentistas que juzgará el Supremo.

En la suma destinada a pagar el 1-O, el ministerio público incluye 900.906 euros de gasto de los 2.259 locales de votación, los 654.563 en publicidad institucional, 979.661 para el suministro de papeletas -unas facturas que la empresa Unipost dijo que habían sido anuladas-, 501.740 para buscar apoyo exterior a la independencia y 38.431 para la cartelería del referéndum.

La Abogacía del Estado cifra en 1,9 millones el dinero malversado

Por su parte, en su escrito de acusación contra los líderes independentistas, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado cifra en 1,9 millones el dinero malversado en el 1-O, al excluir el coste del uso de los locales públicos que acogieron las urnas.

Por su parte, el informe que Hacienda ha presentado ahora al juez establece como únicas facturas pagadas por el Govern las del coste de los honorarios y desplazamiento de los observadores internacionales del 1-O (177.304 euros) y de la traducción al inglés de la web www.cataloniavotes.eu, un portal que incorporaba noticias sobre el proceso soberanista y publicó el resultado del referéndum unilateral.

Ambos gastos, añade el Ministerio de Hacienda, fueron a cargo del Diplocat, aunque en el caso de la traducción de la web sólo se abonaron 19.602 euros correspondientes a las facturas de enero a junio de 2017, mientras que las de julio a octubre quedan pendientes, "si bien consta que el servicio fue prestado".

El balance de Hacienda incluye además otros 336.143 euros previstos por la Generalitat para pagar la campaña Civisme, correspondiente a la publicidad institucional del 1-O, pero que finalmente no fueron abonados.

Según Hacienda, la Generalitat también previó un gasto de 266.506 euros para impulsar el Registro de Catalanes residentes en el exterior, una campaña que, según el informe, "puede relacionarse con la convocatoria del proceso refrendario".

El informe señala que existen tres contratos relacionados con esa campaña: uno de creatividad, con un coste de 8.950 euros, otro de difusión en internet por 97.332 euros y un tercero de difusión en prensa escrita por 158.344 euros. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda precisa que esos gastos no se llegaron a pagar como consecuencia de las "consideraciones" que hizo la asesoría jurídica del Departamento de Presidencia.

El Govern "burló" el control del Estado para financiar el referéndum

En su informe, el Ministerio recalca que ha basado sus conclusiones "exclusivamente" en el análisis de los expedientes administrativos remitidos por la Intervención General de la Generalitat, cuya responsable fue citada como investigada por el juez instructor.

Por ese motivo, advierte Hacienda de que el "gasto real" quedaría "fuera del alcance" del informe, si es distinto del que consta formalmente en los expedientes analizados, y recuerda que aquellos documentos cuyo objeto es "suficientemente genérico" podrían amparar costes "de cualquier tipo".

En el caso de los expedientes de gastos definidos pero cuyo objeto forma parte de la gestión ordinaria de la Generalitat, añade el informe, cabe la posibilidad de que los servicios y bienes comprados se destinaran posteriormente, "ya sea en todo o en parte", a actividades relacionadas con el 1-O.

En su escrito de acusación la Fiscalía concluye que el Govern "burló" el control del Estado para financiar el referéndum del 1-O con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior.