Quién y por qué se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia

• En total son 34 personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentra Rodrigo Rato, Bankia o la consultora Deloitte
• La Audiencia Nacional busca determinar si hubo irregularidades en el proceso por el que se captaron 3.000 millones

Rodrigo Rato, en una foto de archivo.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes la salida a bolsa de Bankia. Se sientan en el banquillo de los acusados 31 personas físicas, entre ellas el expresidente del banco Rodrigo Rato, quien saldrá de prisión -donde cumple condena por las tarjetas opacas de Caja Madrid- por unas horas. Además se juzgan a la propia Bankia, a su matriz BFA y a la consultora Deloitte.

Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011 con Rato como presidente. Pocos meses después, en abril de 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de graves problemas en la entidad, lastrada por el ladrillo.

Los auditores se negaron a firmar las cuentas de 2011 de Bankia y el Gobierno y el Banco de España hicieron un plan para la entidad que pasaba por la sustitución de Rato por José Ignacio Goirigolzarri, quien reformuló las cuentas: de dar unos beneficios de 300 millones se pasó a pérdidas de más de 3.000 millones.

Tras pedir una inyección de 19.000 millones de euros, España pidió el rescate de la banca con dinero europeo. En total se inyectaron 22.424 millones en el grupo BFA-Bankia.

¿Qué se juzga?

Las presuntas irregularidades en el proceso de la salida a bolsa de Bankia. La sección cuarta de la sala de lo Penal, presidida por la juez Ángela Murillo, debe dictaminar si se estafó a los inversores, si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. Se captaron unos 3.000 millones de euros, la mayoría procedente de pequeños inversores y empleados.

La Fiscalía Anticorrupción cree que "se ocultó" que el negocio ordinario de Bankia, heredado de sus siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y La Rioja), no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital.

¿Quiénes se sientan en el banquillo de los acusados?

En total, 31 personas físicas y tres jurídicas (Bankia, BFA y la consultora Deloitte). Entre los acusados se encuentran varios exdirectivos de la entidad como son el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero delegado Francisco Verdú y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella. Estas cuatro personas son las únicas acusadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.

El resto de los que se sientan en el banquillo solo lo están por las acusaciones populares ejercidas por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), el grupo ciudadano 15MpaRato y otros afectados.

Estas personas son: Ángel Acebes, Javier López Madrid, Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Antonio Moral Santín, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Francisco Baquero, Pedro Bedía, Rafael Ferrando Giner, José Rafael García-Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj.

Francisco Pons, quien ejerció como vicepresidente del banco a partir de 2012 -una vez que ya había salido a Bolsa- fue procesado como los anteriores por el juez instructor Fernando Andreu, pero falleció en enero de este año.

¿A qué pena se enfrentan?

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado (que representa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) piden por presunta estafa a inversores cinco años de cárcel para Rato, cuatro años de prisión para Olivas, tres para Fernández Norniella y dos años y siete meses para Verdú. Además, piden para cada uno una multa de 60.000 euros, según sus conclusiones provisionales que, según han informado a Efe fuentes jurídicas, podrían estar siendo revaluadas tras pedir nueva documentación relativa, entre otros, al Banco de Valencia.

La Fiscalía decidió no acusar del delito de falsedad contable al auditor Deloitte, ni al socio responsable de firmar las cuentas de Bankia de 2010 y 2011, Francisco Celma, ni tampoco al resto de administradores de la entidad financiera -ni tan siquiera al propio banco-, por entender que no hay base suficiente para armar la acusación pese a que los peritos judiciales acreditan la falsedad de las cuentas.

Fiscalía y Abogacía del Estado consideran que "las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador", por lo que descarta la falsedad contable -al menos por ahora, aunque podría incluirla en sus conclusiones finales- que sí atribuyen el resto de acusaciones, tanto particulares como populares.

En concreto, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el letrado Andrés Herzog, considera que además de estafa se produjo un delito de falsedad contable. Por eso pide penas de 12 años de cárcel y más de un millón de euros de multa para cada uno. También como acusación popular figura el colectivo 15MpaRato, que solicita las penas más duras para Rato y Norniella: 12 años y medio de prisión por falsedad contable y fraude a inversores.

¿Qué es la doctrina Botín y por qué es relevante en este juicio?

La doctrina Botín fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el llamado caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Corregida por el propio Supremo en 2008 con la denominada doctrina Atutxa, establece que las acusaciones populares no pueden pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.

Bankia y su matriz BFA van a defender en el arranque de la vista la aplicación de la doctrina Botín. Varios de los acusados lo solicitaron una vez que se abrió juicio oral, pero el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno consideró en diciembre de 2017 que no se había vulnerado ningún derecho fundamental y que no cabía aplicarla.

¿Por qué no se juzga al Banco de España y a la CNMV?

El Ministerio Público optó por dejar fuera del proceso a los responsables de supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), imputados durante la instrucción por mandato de la Audiencia Nacional, ante la negativa del fiscal y del propio juez a investigarles.

El magistrado instructor argumentó que la responsabilidad en las decisiones de gestión son "exclusiva responsabilidad" de los órganos de gestión y de administración de una entidad, algo que no comparten varias acusaciones populares como la CIC, que pidió que tanto la CNMV como el supervisor fueran investigados tas incorporarse a la causa cuatro correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus en los que advertía de que la salida a bolsa "sería el primer paso para la nacionalización de las pérdidas".

¿Cuándo empieza el juicio y cuándo acabará?

El juicio se ha iniciado este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), habilitada para macrojuicios. Debido al número de acusados y la presencia de varias acusaciones populares con un elevado volumen previsto de testimonios, declaraciones y pruebas, el tribunal ha fijado un calendario de casi 80 sesiones que alcanza, por el momento, hasta el 26 de junio de 2019.

Las partes han solicitado las comparecencias de testigos como el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos; los presidentes de BBVA y Bankia, Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri, respectivamente, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.