Las víctimas de ETA denuncian en un informe la falta de condena a los autores intelectuales de los atentados

• Según el informe, solo en el 7,18% de los atentados fueron condenados los autores intelectuales
• También critica que el 93,37% de los atentados están sin resolver por la justicia

Las fundadoras del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Teresa Díaz Bada (i), Consuelo Ordóñez (c) y Cristina Cuesta (d), en el acto del vigésimo aniversario celebrado en San Sebastián el pasado sábado.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha presentado este lunes un informe en el que denuncian que solo en el 7,18% de los atentados la justicia condenó a los autores intelectuales de los atentados y que el 93,37% están sin resolver aún.

Estas son algunas de las conclusiones del "Informe sobre la justicia impartida a los asesinatos terroristas cometidos por ETA", presentado este lunes en Madrid por Covite.

El informe se ha elaborado tras el análisis de 572 sentencias correspondientes a 362 atentados con 540 víctimas producidos entre enero de 1977 y diciembre de 2009. Los atentados cuyo sumario haya sido sobreseido o archivado no han sido objeto de análisis.

El estudio concluye que solo en 24 acciones se ha resuelto la autoría intelectual y material, en tanto que en otros dos -los asesinatos del político Manuel Broseta y del coronel Emilio Fernández Arias- solo se ha condenado a quienes los ordenaron pero no a quienes lo ejecutaron.

De todos los jefes de las diferentes cúpulas, solo nueve han sido condenados por autoría intelectual, según se refleja en el estudio realizado por Álvaro Herrero, que le ha llevado un año de trabajo.

Se trata de Santiago Arróspide Sarasola "Santi Potros", Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Juan Carlos Echeandía Zorroza, Francisco Múgica Garmendia "Pakito", José Luis Álvarez Santacristina "Txelis", José Luis Urrusolo Sistiaga, José Javier Arizcuren Ruiz "Kantauri", Francisco Javier García Gaztelu "Txapote", y Ainhoa Múgica Goñi.

Más de 300 atentados sin resolver

El informe recuerda que hay 338 atentados sin resolver, y no se ha procesado ni juzgado "a ningún terrorista por ellos", por lo que según indica el documento, "la impunidad supera el 40% de los crímenes".

Según señalan las víctimas de ETA, consideran crimen resuelto aquel en el que se produce la condena de autores intelectuales, cómplices, colaboradores necesarios y autores materiales.

En total, por asesinato o asesinato frustrado se han dictado condenas por 84.882 años de cárcel, además de una cadena perpetúa, la dictada en Francia (en España no existe esta pena) por el atentado en Cap Breton que costó la vida a dos guardias civiles en esa localidad del suroeste de ese país el 1 de diciembre de 2007.

El informe dice también que al menos 1.405 son los terroristas implicados en las acciones analizadas, pero que solo 897 han sido condenados, de los cuales sólo 29 han sido autores intelectuales y 739 autores materiales. El número total de procesados absueltos ha sido de 114 personas.

Desde Covite también señalan que al menos 394 individuos han quedado impunes después de participar en los atentados analizados. De ellos, 57 ya han fallecido.

Críticas por los crímenes sin resolver

Durante la presentación del informe, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha lamentado los crímenes aún sin resolver y que en muchas etapas se paralizaran sumarios porque se negociaba con ETA. "El Estado de derecho -ha dicho- se ha arrodillado ante ETA".

Ordóñez ha criticado que detrás de esos atentados no resueltos al cien por cien está la "negligencia, irresponsabilidad y desidia" del Estado hacia las víctimas. Por este motivo, desde su asociación decidieron generar un mapa de sentencias que sacara a la luz la "justicia no impartida", trabajo que "otra vez le toca hacer a las víctimas".

Ha reconocido el papel de las víctimas para poder reabrir sumarios, un colectivo que es "un dique moral y ahora un asidero para una sociedad que tiene que saber lo que pasó".

Mientras, Carlos Fernández de Casadevante, catedrático de Derecho Internacional Público por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha asegurado que el informe revela la "injusticia" por parte del Estado hacia las víctimas.

"No comparto -ha añadido- la imagen idílica de que España es modélica en la forma en que ha tratado a las víctimas. Puede ser que así fuera en asistencia e indemnizaciones, pero hay otras flancos en los que no ha sido así, como por ejemplo el desastre judicial".

"No se puede permitir el nivel de impunidad que reflejan -los datos presentados- y que beneficia a los terroristas", ha señalado, para luego apuntar que no se deben olvidar "los casos prescritos fruto de la negligencia".

Así, ha puesto como ejemplo que en 1979 hubo un total de 6 casos expurgados (documentos eliminados) por parte de juzgados de País Vasco, y ha añadido que a partir de 2008, cuando los procesos los lleva directamente la Audiencia Nacional, aun hay tribunales de País Vasco "destruyendo documentos sobre los que no son competentes".

Por otro lado, Consuelo Ordóñez ha lamentado que desde el Gobierno Vasco se "pasee" a los que ha calificado de "falsos arrepentidos" y ha puesto como ejemplo el caso de Valentín Lasarte, condenado por el asesinato de su hermano, quien tras cumplir con los requisitos de colaboración con la Justicia entra dentro del llamado grupo de los arrepentidos. "No me creo su arrepentimiento", ha añadido.