El TSJ de Cataluña investigará por el 1-O al ex número dos de Junqueras, pero no al actual vicepresidente del Govern

• Investigará a Josep María Jové, actual diputado de ERC, por malversación, desobediencia y revelación de secretos
• Rechaza "por ahora" investigar a Pere Aragonès por desobediencia porque no se acredita en la exposición razonada

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, este martes en la reunión del Govern

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará al ex número dos de Oriol Junqueras y ex secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep María Jové, por presunta malversación, revelación de secretos y desobediencia grave en la preparación del referéndum del 1-O, pero descarta "por ahora" la apertura de una causa penal por desobediencia contra el actual vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonés.

De esta forma, la Sala Civil y Penal del TSJC admite parcialmente la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para que el tribunal se hiciera cargo de la investigación por la condición de aforados de ambos: Jové por ser actualmente diputado del Parlament por ERC y Aragonés como miembro del Govern.

Los magistrados se declaran competentes para investigar a Jové, ex secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat porque existen indicios, sostienen, que le relacionan presuntamente "con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum", que fue declarado ilegal.

Josep María Jové fue, de hecho, uno de los detenidos el 20 de septiembre de 2017 por la Guardia Civil en una operación contra el 1-O que acabó con una multitudinaria protesta a las puertas de la Consellería de Economía cuando estaba siendo registrada. Los agentes y la comitiva judicial tuvieron que ser escoltados por los mossos para salir.

Participación en el "comité ejecutivo" para la independencia

En un auto de siete páginas, los magistrados de la sala destacan la "posible participación de Jové en el "comité ejecutivo" del entramado creado presuntamente por el Govern de Cataluña y otros actores, desde el año 2015, para conseguir, tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional, la independencia de Cataluña del resto de España".

De Jové era precisamente la agenda con toda la información sobre este comité estratégico que intervino la Guardia Civil en la operación de septiembre de 2017.

Los jueces destacan también la "eventual responsabilidad" de este ex alto cargo de la Generalitat y ahora diputado del Parlament en la organización del referéndum, para cuya celebración "se invirtieron directamente o mediante personas interpuestas, fondos públicos o bien se comprometió el correspondiente gasto, por una suma aún por determinar a la vista de lo que resulte de la instrucción".

Elaboración del censo electoral y conocimiento de las resoluciones del TC

El TSJ de Cataluña también cree que de la exposición motivada se desprende la "eventual participación" de Jové "en la utilización ilícita del fichero de datos personales de la población de Cataluña con la que contaba el Idescat" para confeccionar las listas de electores, el nombramiento de cargos para las mesas de votación, las tarjetas censales y los sistemas informáticos de votación.

Los magistrados también destacan que Jové tenía "supuesto conocimiento" de que las iniciativas parlamentarias y gubernativas "que pudiesen amparar una ruptura unilateral de Cataluña del resto de España habían sido declaradas inconstitucionales y nulas mediante sucesivas providencias y sentencias del Tribunal Constitucional".

El TSJC rechaza, sin embargo, investigar al vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonés, por un presunto delito de desobediencia por la preparación del referéndum del 1-O como pedía el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona porque en el exposición razonada que envió el juez "no se detalla" qué actos habría cometido cuando era secretario de Economía -el cargo que tenía entonces- para que se le pudiera imputar este tipo penal.

Esto "impide aceptar -por ahora- su investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse si en el curso de la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado remitente apareciesen elementos probatorios que justificasen una nueva exposición razonada y una decisión distinta por parte de la sala", concluyen.