La Fiscalía rechaza la doctrina Botín en el caso Bankia y pide mantener a las acusaciones populares

• La fiscal defiende la relevancia de investigar las cuentas que llevaron al rescate a la cuarta entidad financiera española

Rodrigo Rato en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado aplicar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia la denominada "doctrina Botín", que supondría eliminar del proceso a las acusaciones populares, al considerar que el presunto perjuicio derivado de dicha operación no se limitó únicamente al FROB.

La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

En su exposición, la fiscal Carmen Launa ha defendido la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas "de la cuarta entidad financiera del país", que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió 23.465 millones de euros de rescate, además de lastrar la cotización del IBEX-35 y disparar la prima de riesgo.

Por ello, la fiscal entiende que la afectación colectiva de los hechos objeto de enjuiciamiento "es más que relevante" y que los accionistas personados en la reclamación de perjuicios derivados del debut bursátil de Bankia están legitimados para continuar en el proceso.

Ha sostenido que los delitos que las acusaciones populares y particulares atribuyen tanto al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato como a otras 33 personas, físicas y jurídicas, incluidas la propia entidad y su matriz, "afectan a la comunidad" por lo que ha avalado su legimitidad en la causa.

"Imagen de solvencia"

En opinión del Ministerio Público, que únicamente acusa a Rato y a los otros tres antiguos administradores del banco,José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, de estafa a los inversores, el FROB no fue el único perjudicado, ya que las cuentas ahora cuestionadas fueron "objeto de publicidad evidente" y trascendieron al público al ser publicadas en los medios de comunicación.

Una "imagen de solvencia" por la que las acusaciones piden penas de hasta doce años de cárcel para los exdirectivos y el socio auditor y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA y la firma Deloitte, y que según Launa, fue reforzada por el dividendo de 152 millones de euros que ofreció Rato respecto a esas cuentas.

Por ello, ha insistido en que el titular del supuesto perjuicio serían "las cajas y sus partícipes"; además, se ha opuesto a que los acusados puedan ausentarse de las sesiones programadas en aras a garantizar sus derechos, y aunque ha aceptado toda la documentación aportada por las partes, ha pedido que la sala cierre el plazo para entregar nuevos informes.

Sobre la operación, la fiscal ha aseverado que la rebaja en el precio de salida de las acciones de Bankia repercutió de forma negativa en BFA, haciendo irrecuperable el valor de los activos y afectando por consiguiente a la situación de la propia entidad, motivo por el que los inversores que acudieron al parqué en julio de 2011 estarían habilitados para acusar a ambas por vía penal.

Desbloqueo de dos millones de euros

Respecto a la solicitud de Bankia de desbloquear dos millones de euros de su fianza para resarcir al centenar de pequeños inversores que aún no han recuperado su dinero, se ha mostrado a favor, si bien ha afeado la postura de la entidad con la acusación particular de Adicae, cuya presencia en el juicio ha defendido y al que ha otorgado un reconocimiento "por las sucesivas sentencias que ha ganado" por vía civil.

La fiscal Carmen Launa también ha refutado la supuesta "inconcreción" alegada por algunas defensas, que durante las cuestiones previas reprocharon no haber sido informados de los hechos que se les atribuía, y ha sostenido que a esas alturas del proceso, iniciado en 2012, no se puede decir "que la instrucción no haya sido exhaustiva y rigurosa".

Asimismo, ha descartado que se haya vulnerado el principio de igualdad de los exconsejeros Estanislao Rodríguez-Ponga, Francisco Baquero y Jesús Pedroche, que señalaron a la sala que sus respectivas entradas en la entidad se produjeron el mismo día que la de Virgilio Zapatero, exonerado en este caso.

Para el letrado de Rato, la Fiscalía ha llevado a cabo una "instrucción suplementaria" al incluir hechos nuevos, como los que denuncia el reciente informe del perito judicial cedido por el Banco de España, Antonio Busquets, sobre la reclamación de más de 900 millones de la aseguradora Aviva, vinculada a Bancaja, por el negocio bancaseguros.

Coste de resolución

El documento, al que ha tenido acceso Efe, sostiene que la entidad debía contabilizar una provisión por el conflicto y no lo hizo ni en las cuentas anuales de 2011 formuladas todavía con Rato en la presidencia, ni en las reformuladas en mayo de 2012, tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri.

Asimismo, señala que los principales directivos de Bankia conocían el hipotético coste de resolución del acuerdo de bancaseguros, que ascendía a 1.100 millones desde el comité de integración de octubre de 2010, del que formaba parte, entre otros, el ex director general financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj.

No obstante, fuentes jurídicas llaman la atención de que el perito critique que no se hayan contabilizado provisiones, cite el coste hipotético de resolución del acuerdo, y no mencione la valoración de esos mismos negocios, que estaría entre 3.100 y 3.200 millones.

El abogado del exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas se ha manifestado en líneas similares al de Rato, y ha criticado que la fiscal pretenda acusar en el futuro de falsedad contable en la entidad "e incluso en sus participadas".

A falta de la intervención del resto de defensas, el tribunal ha suspendido la vista hasta mañana y ha anunciado que, una vez concluidas las sesiones de esta semana, retomará el juicio el próximo 8 de enero.

Bankia ocultó información sobre el litigio con Aviva en su folleto

Bankia ocultó información sobre el conflicto que tenía abierto con la aseguradora Aviva por el negocio de bancaseguros en la información contable aportada en su salida a bolsa, según un informe del técnico del Banco de España Antonio Busquets incorporado esta semana a la causa.

En este nuevo documento, Busquets, que junto con el perito Víctor Sánchez Nogueras redactó sendos informes muy críticos con la gestión de las cajas que dieron lugar a Bankia, incide en su idea de que los estados financieros cerrados a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de ese año no expresaban la imagen fiel de la entidad.

Ambos, designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Fernando Andreu, ratificaron la existencia de irregularidades en las cuentas empleadas por Bankia en la operación de salida a bolsa de 2011 al "no cumplir la normativa de aplicación".

En el folleto de emisión de la salida a Bolsa, sostiene Busquets, Bankia ofreció información incompleta, pues no reveló el importe de la reclamación, más de 900 millones de euros, y también incorrecta, ya que indicaba que no tendría efectos adversos en la situación financiera.

Bankia consideraba que no rompía su compromiso de exclusividad en el negocio de vida con Aviva y, por tanto, no estaría obligada a indemnizar, aunque al final el litigio se resolvió con el pago de 608 millones de euros.