La Constitución y el reto de los nuevos medios de comunicación

• La irrupción de internet y las redes sociales obliga a replantear los límites de los derechos de expresión e información
• Especial 40 años de Constitución en RTVE.es | 40 años y 40 artículos en RNE

40 años de Constitución en RNE - La libertad de expresión y de información, un derecho fundamental de la democracia

El Tribunal Constitucional ha señalado en varias sentencias que el derecho a libertad de expresión y de información sobre hechos veraces es una de las bases de nuestra democracia. Garantizar una opinión pública plural es un valor de convivencia.

Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, apunta que el artículo 20 de la Constitución española pensaba en los medios de comunicación dominantes en los 70, prensa, radio y televisión.

En estos 40 años de vigencia de la Constitución, los usos ha cambiado en este terreno. Han entrado en juego las redes sociales y facilitan poder emitir información y opinión desde el anonimato. "Con las nuevas tecnologías -dice Bastida- hoy todo el mundo puede ser informante, todo el mundo emite opiniones y esto revoluciona el ámbito de la libertad de expresión para bien y para mal", asegura en una entrevista a RNE.

40 años de Constitución en RNE: Derechos y deberes fundamentales - Artículo 20 - Libertad de expresión - Escuchar ahora

Internet obliga a replantear los límites de esos derechos que no son derechos absolutos, apuntan los juristas. Los tratos vejatorios, injurias y calumnias no pueden ampararse en la libertad de expresión. Además pueden chocar contra el derecho a la intimidad o privacidad de otros.

Celso Rodríguez, de la Asociación Profesional de la Magistratura señala como límites esos otros derechos fundamentales: "Por ello, cuando los ataca de una forma extraordinaria, se justifica la reacción del ordenamiento jurídico. La dignidad de la persona es la medida esencial. Lo importante es decidir cuál es la reacción adecuada", asegura.

Condenas a artistas y tuiteros

En los tribunales se han vivido ejemplos de tuiteros y artistas que han sido juzgados, como Valtonyc o Pablo Hasel. Este último, condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, defendía en la vista oral en la Audiencia Nacional que no se había respetando su derecho a la libertad de expresión con las críticas y descalificaciones que había vertido acerca del viaje del rey Juan Carlos a Botswana y que solo pretendía defender las libertades democráticas.

Otro de los efectos recientes es la desinformación, las fake news. Atentan contra la verdad que persigue el derecho a la información.

La profesora de Periodismo de la Universidad de Málaga, Laura Teruel, explica a RNE que hay que luchar con responsabilidad contra las noticias manipuladas: "Imágenes como la de Hugo Chaves agonizando y otras muchas que las redes nos hacen llegar, y las propias redes ofrecen herramientas para demostrar que esa imagen o esa noticia ha sido manipulada. Ya que convivimos con ella, vamos a dotarnos de herramientas para que sea más fácil luchar contra esa desinformación."

Más de 300 causas por delitos de odio judicializadas

En la esfera política plantean proteger unos derechos en plena vigencia. En eso coinciden los diputados Juan Pons, del PSOE, Francisco Martínez, del PP, Rafael Mayoral, de Podemos, y Melisa Rodríguez de Ciudadanos. Difieren en el reproche penal que deben tener los posibles excesos.

En 2017 se judicializaron cerca de 300 causas por delitos de odio. En Cataluña se dispararon entre 2015 y 2017 en un 110%.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, entiende que, aunque socavan nuestra democracia, "es necesario realizar una ponderada adecuación entre el ejercicio de las libertades de opinión, información o expresión y el carácter delictivo de aquellas conductas que, por exceder abiertamente del ejercicio de esos derechos, implican una incitación real o potencialmente objetiva a la comisión de hechos discriminatorios o de humillación hacia las víctimas o exaltación hacia sus autores, y que son intolerables en un Estado de Derecho".

Cómo equilibrar libertad de expresión con manifestaciones hirientes e intolerantes que puedan producirse, sigue siendo controvertido.