López Obrador reabre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

• El presidente mexicano crea una comisión "objetiva e imparcial" sobre el caso que conmocionó al país en 2014
• Los familiares aplauden la "nueva etapa", que indagará sobre la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto

López Obrador reabre la investigación del caso Ayoztinapa rodeado de familiares de los desaparecidos.

El presidente de México, Andrés López Obrador, ha estrenado el cargo con la reapertura de la investigación para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Tal y como prometió en campaña, el presidente ha decretado la creación de una comisión de la verdad para indagar en la versión oficial concluida por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto, que mantiene que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos que los asesinó e incineró en un vertedero.

Tras más de cuatro años sin conocer su paradero, López Obrador abre ahora una nueva etapa en el caso que conmocionó al país. La medida cuenta con el beneplácito de los familiares,  que han apoyado al presidente bajo su lema "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Familiares y amigos de los estudiantes desaparecidos hace cuatro años en Ayotzinapa piden justicia

Una investigación "objetiva e imparcial"

El nuevo Gobierno quiere investigar los hechos "a fondo, con objetividad e imparcialidad" con el fin de detectar a los responsables de un caso que Peña Nieto dio por concluido durante su mandato.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha insistido en la determinación del Gobierno de llevar a los responsables ante la Justicia, "sin importar el cargo que ocupaban entonces".

Para ello, los investigadores tendrán libre acceso a las instalaciones "donde puedan encontrarse personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellas", ha apuntado Sánchez, en referencia al 27 Batallón de Infantería Iguala, un escenario considerado clave por el papel desempeñado por el Ejército aquella noche y al que no se ha podido acceder hasta ahora.

Además, el Gobierno va a impedir la clasificación de información relacionada con violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Versión cuestionada por los expertos internacionales

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independentienes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó las conclusiones de la investigación bajo el mandato de Peña Nieto.

Tras un año de indagaciones, el GIEI concluyó que era imposible que los 43 estudiantes fueran quemados en un vertedero y sacó a la luz malas prácticas, entre ellas torturas durante los interrogatorios a los detenidos.

Según el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, la investigación es necesaria para arrojar luz sobre el "marco de criminalidad" existente, ya no a nivel municipal, sino también a nivel estatal. "El Gobierno federal únicamente aceptó que esta colusión llegaba a nivel municipal, concretamente a Iguala y Cocula; hoy sabemos que eso es mentira", ha señalado.