La Fiscalía demanda a la concesionaria de la AP-9 y exige que devuelva los peajes de tres años del puente de Rande

• Considera que la empresa ofreció "un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad"
• Exige que se devuelvan los peajes entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 y una indemnización por atascos

Imagen de archivo de una protesta celebrada en noviembre de 2016 en la que se pedía una autopista AP-9 libre de peajes y su transferencia a la comunidad autónoma.

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, por supuesta práctica "abusiva" en el cobro del peaje del puente de Rande durante las obras de ampliación en las que se mantuvieron invariables las tarifas pese a las restricciones permanentes del tráfico. Por este motivo pide que se devuelvan todos los peajes a los consumidores que acrediten haberlos pagado entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 con los intereses legales.

Además solicita que se indemnice por el doble del importe del peaje a "todos los usuarios, conductores o pasajeros" -que no sean profesionales de la conducción y/o titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros- que acrediten haberse encontrado en alguno de los atascos que implicaron retenciones de más de 10 minutos.

En el caso de que no se pueda acreditar el número de viajeros en cada vehículo, propone que la indemnización se abonará por vehículo no dedicado profesionalmente al transporte que acredite haberse encontrado en los atascos de Rande, todo ello mediante la aportación del comprobante del peaje o a través de cualquier otra prueba.

El Ministerio Público plantea que los reintegros -junto con los intereses- se efectúen mediante tarjeta de crédito o Vía T (abonados) para aquellos que utilizaran estos medios de pago. Para los usuarios que pagaron el peaje en efectivo, señala que "se procederá conforme a las normas de la LEC para el aseguramiento del resarcimiento".

El puente de Rande, "permanentemente afectado" durante tres años

El Ministerio Público asegura que durante tres años el tráfico en el puente se vio "permanentemente afectado", con los consiguientes perjuicios a los usuarios, que perdieron tiempo en sus desplazamientos y se vieron atrapados en colapsos en numerosas ocasiones por la reducción del número de carriles en uso y de los límites de velocidad y las sucesivas tareas de ejecución de las obras.

"Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad", ha apostillado el fiscal, que incide en que "no solo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento (...) sino que se incrementó" a partir del 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras el 30 de diciembre de 2017 "aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha".

Al desconocer la totalidad de consumidores afectados por la "práctica general abusiva" de Audasa, el Ministerio Fiscal solicita la extensión de los efectos de la sentencia a todos los usuarios. Audasa, en ese periodo de referencia, cifra en unos 77 millones los tránsitos y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros en unos 90 millones de euros.

Recalca la Fiscalía de Pontevedra que el pago del peaje tiene el carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de recibir una prestación, que es el uso "en perfectas condiciones" de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad, algo que no ocurrió y por lo que pide que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del cobro íntegro de los peajes durante ese periodo, que se condene a Audasa a cesar en esta práctica y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo "en cualquier autopista que gestione en España".