El Senado da el primer paso para reformar la elección del CGPJ a propuesta del PP

• La Cámara ha constituido la ponencia para la reforma de la Ley del Poder Judicial
• El PP propone que los jueces elijan a 12 vocales entre críticas de PSOE y Podemos por los mensajes de Cosidó

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes (i), felicita al nuevo magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Javier Borrego Borrego (d), durante el acto de toma de posesión de su cargo.

La Comisión de Justicia del Senado ha dado el primer paso este martes para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), precisamente el día en el que ha expirado el mandato de cinco años de los 20 vocales del CGPJ y de su presidente, Carlos Lesmes, sin un acuerdo político a la vista para su renovación, con lo que el órgano de gobierno de los jueces comenzará a trabajar en funciones.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteada por el PP ha sido aprobada por 14 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, aunque será más difícil que sea aprobada en el Congreso, ya que necesitará mayoría absoluta para incluir las enmiendas introducidas.

El acuerdo entre PSOE y PP, por el que el primero proponía nueve vocales y el segundo 11, saltó por los aires tras el polémico mensaje de whatsapp en el que el portavoz 'popular' en el Senado, Ignacio Cosidó, que defendía el pacto porque permitiría "controlar desde detrás" la sala segunda del Tribunal Supremo. El mensaje provocó que la persona pactada para presidir el alto tribunal y el CGPJ, Manuel Marchena, renunciara al cargo reivindicando su independencia.

El mensaje difundido por Cosidó ha provocado también que los presos del procés intenten recusar a Marchena, que preside la sala del Supremo que debe juzgarles.

El PP propone que los jueces elijan a 12 vocales

La senadora popular Cristina Ayala ha defendido que sean los jueces y magistrados los que elijan a 12 de los 20 vocales para conseguir la independencia que reclama la sociedad,  pero PSOE y Podemos han tachado de oportunista la enmienda por la polémica tras los whatsapps de Cosidó.

El objetivo inicial de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial era devolver a los jueces permisos y licencias recortados durante la crisis, pero en el Congreso los principales grupos consensuaron diversas enmiendas para acabar con el actual "presidencialismo" del Consejo y contar con más transparencia en los nombramientos de altos cargos judiciales.

Tensión por los mensajes de Cosidó

Previamente, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido en un desayuno informativo la designación de los 20 vocales en el Parlamento y ha llamado a los grupos políticos a sentarse de nuevo a negociar: "No se trata de un mercadeo entre partidos ni de acuerdos turbios; se trata del cumplimiento de la Constitución", ha recalcado.

La fricción entre el PSOE y el PP por la composición del CGPJ se ha puesto de manifiesto durante la sesión con las acusaciones de la senadora socialista María José Fernández, que insiste en que el PP rompió el acuerdo in extremis por "intereses partidistas y electoralistas". Por su parte, Ayala ha acusado a la "cuadrilla" de Delgado de acabar con el acuerdo al filtrar el nombre de Marchena.

También el portavoz de Podemos en el Senado, Joan Comorera, ha criticado la propuesta registrada por el PP tras ser "pillado con el carrito del helado" por los mensajes de Cosidó.

Reformar el modelo de elección del CGPJ es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces, que han convocado dos huelgas este año junto a los fiscales y exigen la despolitización de la justicia, pero no cuenta con el apoyo del Gobierno, que defiende que sea el Parlamento, sede de la soberanía popular, quien designe a los veinte vocales.

Al margen de la reforma del sistema de elección del Consejo, el PP ha aceptado una enmienda del PSOE sobre los centros de destino en la administración de Justicia,  tras la huelga de los funcionarios, que denunciaron que el proyecto abría la puerta a traslados forzosos y la destrucción del empleo interino.