La nueva cláusula para ejecutar hipotecas no afectará a aquellas que están pendientes de resolución judicial

• La nueva Ley Hipotecaria no tendrá carácter retroactivo de forma general, pero sí en caso de novación o subrogación
• La Comisión de Economía del Congreso aprueba la nueva norma con el 'no' de Unidos Podemos y la abstención de ERC

Silueta de una grúa en Sevilla.

La nueva Ley Hipotecaria no tendrá carácter retroactivo de forma general. Las nuevas condiciones para ejecutar una hipoteca recogidas en el proyecto de ley no afectarán a aquellos contratos pendientes de resolución judicial, algunos de ellos suspendidos en los tribunales a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la normativa actual es abusiva o no.

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este martes con el único voto en contra de Unidos Podemos y la abstención de ERC la nueva normativa hipotecaria, consecuencia de la trasposición de una directiva europea, con el fin de que sea debatida en el Pleno del Congreso en diciembre y que, tras pasar por el Senado, pueda entrar en vigor en marzo, un mes después de su publicación en el BOE.

De esta forma, la Ley no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a la entrada en vigor pero sí que afectará a aquellos contratos celebrados con anterioridad si son objeto de novación o de subrogación con posterioridad a su entrada en vigor.

También serán de aplicación las nuevas condiciones para ejecutar una hipoteca -más exigente para la banca y favorable para el consumidor (12 cuotas impagadas o el 3% del capital principal prestado en la primera mitad de la vida del préstamo y 15 cuotas y el 7% en la segunda mitad del crédito)- salvo que la previsión que contengan resulte más favorable para el deudor.

Se podrá subrogar una hipoteca anterior a la Ley sin costes

"No será de aplicación a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo y estuviera este supeditado o no", incide la Ley, con lo que no se desbloquearán los desahucios paralizados.

Según la nueva regulación el cliente, con préstamos anteriores a la Ley, podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca, y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.

La entidad no podrá cobrar comisiones por novación en el préstamo. Así lo establecerá una disposición transitoria primera, apoyada por la mayoría y relativa a los contratos preexistentes y que afirma que el prestamista deberá informar al prestatario de aquellos contenidos que hayan sido objeto de modificación respecto de lo contratatado inicialmente.

Además, cualquiera que sea el momento en el que se hubiera celebrado el contrato, el prestatario siempre tendrá derecho de reembolso anticipado según establece la nueva Ley.

La mayoría de los grupos, satisfechos con la Ley

La mayoría de los portavoces ha valorado que la nueva Ley sea fruto del consenso y ha señalado que ofrece mayor seguridad jurídica. El portavoz del PSOE Gonzalo Palacín ha afirmado que la norma protege más al consumidor y la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha señalado que será "más eficaz y equilibrada" mientras que desde el PDeCAT Ferrán Bel ha afirmado que generará "certidumbre".

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha lamentado que la Ley no establezca la obligatoriedad de la dación en pago y que la ejecución de la deuda no se ciña al bien hipotecado al tiempo que -en su opinión- "condena la exclusión financiera" y no cumple con las sentencias de la UE que consideran abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado. "Hemos pasado de la Ley Guindos a la Ley Calviño, que es la Margaret Thatcher del Gobierno de Sánchez", ha denunciado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Carlos Floriano ha lamentado que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no se haya modificado para ser cero y para que los ingresos que reciben las regiones por este tipo de gravamen sean compensados por la Administración General del Estado.

El diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez ha valorado que la nueva Ley recoja que las cajas rurales y las cooperativas de crédito, exentas actualmente de pagar el impuesto de AJD lo abonen en el caso de que concedan un préstamo, que ha salido gracias al apoyo del PP y PNV y a la abstención de Podemos ya que el PSOE ha votado en contra. Sin embargo, ha lamentado que la normativa no prohíba los préstamos multidivisa.