La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública

• Acusa a la cantante de un presunto fraude fiscal de 14,5 millones entre 2012 y 2014 por simular residir en paraísos fiscales
• En la querella se pide que se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más intereses

La cantante Shakira en una imagen de archivo

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública. Le acusa de defraudar 14,5 millones de euros en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, en los que dejó de presentar la liquidación del IRPF (12,3 millones de euros) y del Impuesto de Patrimonio (casi 2,2 millones) a la Agencia Tributaria de Cataluña. Según la querella, Shakira simuló no residir en España y ocultó su renta real a través de un entramado de empresas radicadas en paraísos fiscales.

La fiscal considera que Shakira vivió en España durante estos años, y que las estancias en el extranjero por motivos profesionales fueron esporádicas y con una duración corta" con la excepción de su participación en el programa The Voice en EE.UU, por lo que la cantante era residente permanente y tenía la obligación de tributar.

La querella indica que la cantante permaneció de manera efectiva en Barcelona: 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014 y no tiene acreditada la residencia fiscal en otro país. En Estados Unidos, al igual que en España, se debe pagar impuestos si se permanece allí más de 183 días.

La oficina de comunicación de la cantante ha asegurado en un comunicado que Shakira "ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto no debe nada al Estado español". En la nota, Shakira acusa a la Fiscalía de estar utilizándola como "chivo expiatorio" para "meter miedo al resto de contribuyentes". 2 está "convencida" de que la querella pretende utilizarla como "chivo expiatorio"

Shakira alegó a través de sus representantes legales "en multitud de ocasiones" que su residencia fiscal estaba en Bahamas, donde muchos años antes había comprado una casa con su expareja Antonio de la Rúa.

La fiscalía lo desmiente y señala que, entre 2012 y 2014, "no estuvo ningún día de presencia física" en Bahamas por lo que debía tributar por "la totalidad de su renta mundial".

Un entramado de hasta 14 empresas

El ministerio público ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) esta querella contra la cantante colombiana, en la que además pide que se le cite como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio -19,4 millones- o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad.

La fiscal también acusa a la artista de haber utilizado "un entramado societario" para no declarar su renta, organizado a través de sus abogados estadounidenses y citan hasta 14 empresas diferentes domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. La querella también se dirige contra uno de los letrados de Shakira con despacho en Nueva York.

"El plan que llevó a cabo la querellada consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma", explica el texto legal.

La Fiscalía abrió en 2017 diligencias para investigar a Shakira a raíz de un informe remitido por la Agencia Tributaria que alertaba de la posible evasión de impuestos.

Cuando se conoció hace unos días la intención del ministerio fiscal de interponer querella, los representantes legales de la cantante aseguraron a través de un comunicado que "había cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española", ya que, "en cuanto conoció el importe que según la Agencia Tributaria debía abonar, procedió a pagarlo en su totalidad".

Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación, esta "no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio", alegando como motivo que no residía en España, "lo que dificultó el poder comprobar los gastos reales al existir una refacturación entre sociedades".