La oposición nicaragüense convoca un nuevo paro para exigir la salida de Daniel Ortega
- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco ha convocado una huelga ciudadana de 24 horas para el jueves, 20 de diciembre
- Piden la dimisión del Gobierno, la libertad de los "presos políticos" y justicia para los "nicaragüenses asesinados por la dictadura"
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua ha lanzado un llamamiento convocando a una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves, con el fin de exigir la salida del poder del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
"Llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen", ha dicho en una declaración la portavocía de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Esta liga fue creada en octubre pasado y está formada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.
La huelga ciudadana del próximo jueves es también para exigir la libertad de los "presos políticos y justicia para nuestros hermanos nicaragüenses asesinados por la dictadura", indicó la Unidad opositora.
Cientos de detenidos por protestar
Organismos humanitarios locales calculan en 674 los detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas desde abril pasado. El Gobierno reconoce 273 detenidos, a los que califica como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
El del próximo jueves es el cuarto llamamiento a un paro nacional en Nicaragua contra Ortega desde que comenzó el conflicto en abril pasado.
El primer paro se convocó el 14 de junio para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El segundo fue el 13 de julio para mostrar el rechazo a la celebración anual sandinista conocida como "El repliegue" y el tercero fue el 7 de septiembre para presionar por la libertad de los "reos políticos".
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.