Los políticos catalanes en huelga de hambre remiten 40 cartas a los principales líderes europeos
- Entre los destinatarios están Theresa May, Emmanuelle Macron y Donald Tusk
- Sus representantes anuncian que recurrirán en los próximos días al Tribunal Europeo de Estrasburgo
Los cuatro presos independentistas que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Lledoners (Barcelona) -Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, y Joaquim Forn- han remitido este lunes unas cuarenta cartas a los principales líderes europeos con la intención de "internacionalizar" su denuncia de "bloqueo" por parte del Tribunal Constitucional.
Entre los destinatarios de sus misivas se encuentran la primera ministra británica, Theresa May, el presidente francés, Emmanuelle Macron, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como el mismo Pedro Sánchez.
Durante una rueda de prensa en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid para analizar la situación de estos presos, Jordi Turull y Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn, también se ha informado de que recurrirán en los próximos días al Tribunal Europeo de Estrasburgo, pese a no haber agotado las vías ordinarias en España.
La portavoz de los presos en huelga de hambre, Pilar Calvo, ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido informado también por carta del envío de las misivas dirigidas a los dirigentes de los países de la UE, así como a los presidentes del Consejo y de la Comisión europea y del Europarlamento.
Por su parte, el abogado Jordi Pina ha asegurado que estudian acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los próximos días, para que analice si la "táctica dilatoria" del Tribunal Constitucional en resolver sus recursos vulnera su derecho de recurrir a la justicia europea.
El contenido de la carta
En la misia, a la que ha tenido acceso TVE y que es la misma para los 40 destinatarios, los presos piden atención ante una situación "muy grave" que "afecta directamente a las reglas, los principios y los valores fundacionales de la Unión Europea".
Tras este comienzo, exponen que son nueve personas -la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, seis exconsellers y dos líderes de la Sociedad Civil- "en prisión sin juicio, algunos desde hace más de un año", acusados de rebelión por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
"Sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho de representación política, y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías", exponen los dirigentes en la carta.
Tras lo cual denuncian como una de las "más graves consecuencias" el "bloqueo" del Tribunal Constitucional que, a su juicio, les impide acceder a la Justicia Europea. "Lo hace mediante dilaciones indebidas en la resolución de nuestros recursos de amparo", prosiguen, debido a que la doctrina del TC establece un periodo máximo de 30 días para resolver recursos contra órdenes de prisión provisional. "El primer recurso de amparo presentado en el Tribunal Constitucional es del 22 de noviembre de 2017. A 1 de diciembre de 2018, 370 días después, el Constitucional español no había dado respuesta a ninguno de nuestros recursos".
Una situación que consideran "injusta" que les ha llevado, añaden, a iniciar una huelga de hambre "para denunciar este bloqueo en el acceso a la Justicia Europea. Es en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde tenemos depositadas nuestras esperanzas de Justicia y de protección de nuestros derechos fundamentales".
"La politización de los máximos órganos judiciales y del propio Tribunal Constitucional español son un problema conocido y en los últimos años han merecido de forma reiterada recomendaciones del Consejo de Europa, a través del grupo GRECO, instando al Reino de España a modificar estructuras, conductas y procedimientos en los máximos órganos de su Poder Judicial que no han sido atendidas", continúa la carta.
El texto defiende que con la huelga de hambre, "una de las pocas acciones políticas de denuncia que pacíficamente se pueden llevar a cabo desde una cárcel", sus firmantes se sienten "directamente defensores de las reglas y de los principios y valores fundacionales de la Unión Europea".
Por último, "conscientes de donde están los límites de la división de poderes", consideran que esta denuncia "no caerá en saco roto entre aquellos que hacen de los derechos fundamentales una divisa de su compromiso político e incluso ético".