Botella y seis de sus ediles, condenados a pagar 22,7 millones por vender pisos de protección a fondos buitres

• El Tribunal de Cuentas condena también al que fuera responsable de la EMVS
• Les acusa de vender los pisos sin una tasación fiable y causar perjuicio a las arcas públicas

El Tribunal de Cuentas condena a Botella y 6 ediles a pagar 22 millones de euros por vender promociones de vivienda pública

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, a seis de sus ediles y al que fuera responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Fermín Oslé a abonar 22,7 millones de euros por vender en 2013 dieciocho promociones completas de pisos de protección a un fondo de inversión por debajo del precio contable y de mercado.

Según la sentencia adoptada este jueves y a la que ha tenido acceso RTVE.es, todos ellos deberán responder solidariamente al pago de esa cantidad por el monoscabo causado en las arcas públicas municipales y además, a Oslé se le condena a pagar también otros tres millones de euros más.

El Tribunal de Cuentas cifra el perjuicio de esa operación de venta en unos 25,7 millones de euros y declara responsables directos a Botella y a los que fueron sus concejales Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral, y al responsable de la EMVS.

El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a seis de sus concejales y al exresponsable de la Empresa Municipal de la Vivienda a abonar casi 26 millones de euros por la venta de pisos protegidos a fondos buitre. El fallo, contra el que cabe recurso, considera que el procedimiento fue ilegal. Uno de los barrios más afectados por la venta es el Ensanche de Vallecas.

"Negligencia grave"

La sentencia asegura que todos ellos "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" al vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal, entre los que había 1.860 pisos protegidos, al fondo de inversión Fidere, filial de Blackstone en España, por un valor de 128,5 millones.

Para el Tribunal de Cuentas la enajenación de 18 promociones de vivienda se realizó "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma, ni fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar".

Por tanto, se considera probado que se hizo por un "procedimiento ilegal" al no asegurar la concurrencia, pues "con carácter previo y por tanto privilegiado" la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, resultó adjudicataria.

Además, sostiene que se realizó sin tasación fiable de las viviendas, "dejando la fijación del precio a los ofertantes", y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles de 159 millones y también por debajo del precio del mercado. Además, el Tribunal considera que la EMVS acordó rebajar el precio de venta final en 2 millones de euros ante las quejas de Fidere por morosidad de inquilinos.

El Tribunal de Cuentas adopta esta decisión a raíz de la demanda presentada por el actual equipo Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena en noviembre de 2017 contra la venta de estas promociones al fondo de inversión Fidere, filial española del estadounidense Blackstone, con un perjuicio a las arcas municipales, que el equipo de Carmena cifró en 127 millones de euros.

Recurrirán la sentencia

Por su parte, todos los condenados han anunciado en un comunicado que recurrirán la decisión, que no es firme, y han recordado que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable.

Según argumentan, el anterior equipo de Gobierno no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas, sino que únicamente, en su condición de miembros de la Junta General de Accionistas de la EMVS ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda había aprobado.

El Ayuntamiento evalúa revertir la venta

Tras la sentencia, el Ayuntamiento de Madrid estudia la apertura de un nuevo proceso judicial para pedir la nulidad de la venta de viviendas públicas en 2013.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado en rueda de prensa que sería la segunda vez que se inicia este proceso, pues el anterior tuvo que archivarse porque un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra, y espera que esta posición cambie a la vista del fallo.

Además, el Ejecutivo de Manuela Carmena se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas pues considera que perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo, de 27,5 millones de euros, aunque celebra que el Tribunal considere que la forma en la que se enajenaron las viviendas fue ilegal al no contar con publicidad y hacerse por debajo del valor contable y el precio de mercado.