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Justicia obligará a intentar la mediación en casos como divorcios, herencias e impagos de alquiler o hipoteca

  • En ningún caso se obligará a probar la mediación si hay un proceso previo de violencia de género o si hay indicios de maltrato
  • La ley no entraría en vigor hasta tres años después de aprobarse para garantizar la formación y la existencia de mediadores

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La obligación de intentar la mediación se aplicará a los casos de separación y divorcio
La obligación de intentar la mediación se aplicará a los casos de separación y divorcio

El próximo Consejo de Ministros abordará un anteproyecto de ley que obligará a intentar un proceso de mediación antes de acudir a los juzgados en separaciones y los divorcios y procedimientos sobre guardia y custodia de los hijos o prestaciones para ellos, excepto en los casos en los que haya un procedimiento previo por violencia de género o sospecha de malos tratos. También se promoverá la mediación por impago de alquileres o hipotecas, herencias o reclamaciones de cantidades inferiores a 2.000 euros, entre otros supuestos.

Según el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso Efe, el objetivo es fomentar la resolución extrajudicial de conflictos en materia civil y mercantil, tras comprobar que la norma que se aprobó en 2012 para implantar ese modelo con carácter voluntario no ha tenido el impacto esperado.

En cualquier caso, la nueva ley no entraría en vigor hasta tres años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para garantizar la formación necesaria y la existencia de mediadores.

Conflictos entre vecinos o herederos

La obligatoriedad se establecerá, según han explicado fuentes de Justicia, para conflictos surgidos en relaciones personales o comerciales sostenidas en el tiempo, en las que existen vínculos que las partes pueden querer preservar de alguna forma, como los procedimientos matrimoniales.

La nueva norma también afectará, al margen de las separaciones y los divorcios, a conflictos por derechos reales entre vecinos o herederos, la división de patrimonios, las sucesiones, la propiedad horizontal y los arrendamientos.

También a aquellos asuntos en los que la discrecionalidad del juez es elevada, como las indemnizaciones por negligencia profesional o los contratos de obras; y a las reclamaciones entre particulares por cantidades inferiores a 2.000 euros que no sean casos de consumo, ya que el coste del juicio podría ser superior al valor de la demanda.

Obligación de asistir al menos a una sesión informativa

La mediación, un proceso en el que interviene un profesional neutral, se planteó a nivel europeo como alternativa al sistema judicial tradicional para resolver determinados asuntos de forma más eficaz, ágil y barata, pero la figura sigue siendo desconocida y continúa la tendencia a judicializar los conflictos.

Lo que se quiere ahora es establecer una "obligatoriedad mitigada", es decir, que sea obligatorio para las partes acudir a una sesión de mediación informativa y de exploración antes de interponer algunas demandas, o cuando el juez lo considere conveniente en el transcurso de un proceso. El demandante pondrá proponer al mediador y el proceso no podrá durar más de tres meses.

En ningún caso, subrayan las fuentes consultadas, se obligará a probar la mediación si se ha instruido un procedimiento previo por violencia de género; y si el mediador observa a lo largo del proceso indicios de delito en ese sentido, deberá poner fin al mismo.

Por eso, además de incluir una asignatura obligatoria sobre mediación en los grados de Derechos, se prevé que en la formación específica de los mediadores haya un módulo de igualdad y detección de violencia de género.

Según los planes de Justicia, la ley no entraría en vigor hasta tres años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para dar tiempo no solo a cambiar los planes formativos, sino también a difundir las reformas y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.