Derogar la Ley de violencia de género y expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales, medidas de Vox para investir a Moreno

• La formación que lidera Santi Abascal ha presentado un documento con 19 propuestas "para iniciar las negociaciones"
• Para el Partido Popular se trata de un texto "inaceptable" ya que varios puntos son un "auténtico despropósito"

Derogar la Ley de violencia de género y expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales, medidas de Vox para investir a Moreno

Vox ha presentado este martes un documento al Partido Popular (PP)del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde insisten en derogar la Ley contra la violencia de género andaluza, la de promoción de la igualdad y la de los derechos LGTBI así como expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales.

Así lo recoge el texto que el partido que lidera Santiago Abascal ha dado a conocer en Twitter tras iniciarse la reunión que mantienen durante la tarde de este martes en Madrid con el PP para negociar la investidura.

La reacción de los populares no se ha hecho esperar. Fuentes del PP han asegurado a RTVE que "se trata de un documento inaceptable" ya que "varios puntos son un auténtico despropósito". "Con este documento Vox demuestra que no quiere un acuerdo", han resaltado las mismas fuentes, al tiempo que señalan que "si no cambian su postura, Vox estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo".

“Varios puntos del documento de Vox son un auténtico despropósito“

Para Vox, sin embargo, la diferencia radica en que su partido "presenta un documento negociable con ánimo de llegar a un acuerdo" mientras "otros han tratado de dinamitar el cambio presentando un documento innegociable, con 90 medidas ya cerradas", han afirmado en su Twitter en respuesta al PP.

Ciudadanos, por su parte, ha admitido que no ve serios los cambios que plantea Vox para apoyar un Gobierno del PP y de su formación mientras "se está negociando un cambio en Andalucía con prioridades como la regeneración democrática, bajada de impuestos, autónomos, Educación e Igualdad", han indicado a través de un comunicado.

Mientras, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido de que los "propósitos políticos" de Vox están "fuera de los valores constitucionales" y ha alertado al PP que "no se puede gobernar a cualquier precio

Boletines RNE - Vox pide la expulsión de 52 mil inmigrantes para apoyar la investidura de Juanma Moreno - escuchar ahora

Derogar la Ley de violencia de género

Concretamente, el objetivo de Vox es sustituir la Ley contra la violencia machistaque no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista", señala el texto.

La formación que lidera Santiago Abascal también solicita en el documento la derogación de la Ley para la promoción de la igualdad de género, la cual "interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas". Por ese motivo, dicen, "es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a la imposición de la “perspectiva de género”.

Asimismo, Vox pretende derogar la Ley de los derechos LGTBI a dichas asociaciones como "el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones".

Aseguran, además, que no prestará tampoco apoyo parlamentario para la "implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo" de estas leyes, que califica de "ideológicas".

Expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales

En lo que respecta a inmigración, Vox exige en el texto "colaborar con la Policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". Según señala, "la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía".

El objetivo es que el Gobierno autonómico comparta con la Policía la documentación que posee de los inmigrantes en situación irregular para que sean expulsados por el Ministerio del Interior, ya que la Junta no dispone de esta competencia.

Asimismo pide que se ilegalicen aquellas "organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal" y que se termine con el efecto llamada a través de la "supresión de las ayudas a los inmigrantes ilegales".

El documento también expresa su deseo de acabar con la Ley de memoria histórica andaluza así como con la festividad autonómica del 28 de febrero para sustituirla por el 2 de enero, "aniversario de la toma de Granada que puso fin a la Reconquista", explican. Buscan, además, proteger la tauromaquia, la cultura popular y las tradiciones del mundo rural, incluyendo el flamenco y otras expresiones folklóricas.

Poner fin a 36 años de socialismo en Andalucía

El texto viene anunciado como las propuestas presentadas al PP para "iniciar las negociaciones encaminadas a lograr una investidura que ponga fin a 36 años de socialismo en Andalucía" y empieza por una declaración institucional de la Presidencia de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado" de competencias.

Entre ellas, las de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público, así como la propuesta de reforma para suprimir el término “realidad nacional” del Estatuto de Autonomía andaluz.

La segunda medida que reclaman a Juanma Moreno es para condenar "el discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox, con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido".

En el documento abogan también por una reducción de lo que llaman "gasto político" con un recorte "drástico" de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, y asociaciones y ONGs "ideológicas" y la realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos años.

Además, plantean realizar una auditoria externa de las cuentas de la Junta, encabezada por persona de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción, y suprimir organismos "paralelos", las llamadas "embajadas comerciales" (Red Extenda).

El PP defiente ante su reunión con Vox que nadie debe poner en riesgo el cambio en Andalucía y pide tanto a éstos como a Ciudadanos que dejen a un lado sus diferencias. Por su parte, Vox ha reabajado sus peticiones, sobre violencia de género dice que le parecería un buen paso que se ampliara la protección a los hombres maltratados. Aunque continúa con reproches a Ciudadanos. Mientras que Albert Rivera insiste en que dialogará sólo cuando ya esté en marcha su Gobierno con el PP y pide responsabilidad a todos los partidos.

Medidas económicas

En lo que respecta a las medidas fiscales, Vox apuesta por bonificar al 99% del Impuesto de Sucesiones, reducir al 0% el Impuesto de Patrimonio (solo mantenido como instrumento de control) y rebajar otros como los tipos del tramo autonómico del IRPF, las Transmisiones Patrimoniales y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En el documento, el partido que lidera Abascal pretende "acabar con la duplicidad administrativa que supone la existencia de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria de Andalucía".

También pretende aplicar recortes en la Radiotelevisión andaluza, rebajando su presupuestos a la mitad y eliminando tres de sus cuatro canales y el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como liberalizar el régimen de concesión de licencias de radio y televisión y "garantizar su neutralidad política e ideológica", señala el texto.

Por último, Vox aboga por crear una Consejería de Familia y Natalidad para apoyar la natalidad y a las familias numerosas, ampliar la red de guarderías, impulsar la adopción y dar asistencia a mujeres con embarazos no deseados para evitar abortos.

Y en educación, plantean la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada), garantizando que la educación diferenciada no será discriminada, y que se implante un "PIN parental" con el objeto de que "los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones".