La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso de las ITV
- Puede recurrir la ejecución de los dos años y medio de cárcel por cohecho, falsedad y tráfico de influencias
La Audiencia de Barcelona ordena que Oriol Pujol ingrese en un centro penitenciario para cumplir la pena impuesta por el caso de las ITV (dos años y medio de prisión por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil).
La magistrada de la sección 20ª encargada de resolver la ejecución de la condena deniega así la petición de suspensión de la pena de prisión solicitada y ordena que el condenado sea encarcelado. Pujol había solicitado cambiar el encarcelamiento por trabajos sociales pero debe ir a prisión por la "gravedad" de sus delito y porque así se "restablece la confianza del ciudadano".
En el auto, la juez da diez días al quinto hijo del expresidente Jordi Pujol para que ingrese voluntariamente en prisión, si bien la resolución se puede recurrir ante la misma magistrada, por lo que el proceso quedaría en suspenso hasta que la medida fuese firme. Fuentes de la defensa están valorando recurrir, aunque antes deben estudiar la resolución, que les da tres días para presentar su escrito.
Comisiones ilegales
Pujol aceptó ante la juez la condena por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, lo que le evitó ser juzgado por un tribunal popular, además de lograr rebajar la pena a la mitad, desde los cinco años iniciales que pedía la Fiscalía.
El exlíder de CDC cobró 443.660 euros en "mordidas" a través de facturas falsas que el empresario y amigo suyo Sergi Alsina pagaba, por trabajos inexistentes, a su esposa Anna Vidal. También admitió que se llevaba esas comisiones ilegales por favorecer a empresarios investigados en varias operaciones mercantiles a los que facilitó el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Entre las operaciones en que Pujol reconoce haber intervenido figura la reconversión industrial de Sharp en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès y la deslocalización de la compañía Yamaha.
Ataque al Estado de Derecho
En el auto, la magistrada señala que Pujol cometió un "ataque muy importante" al Estado de Derecho, ya que afectó a su propia esencia y provocó "desconfianza en la ciudadanía hacia sus propios representantes", por lo que a la hora de decidir si ingresa en prisión "prima" la naturaleza de sus delitos sobre sus circunstancias personales.
La juez subraya que la intervención de Pujol en la trama de las ITV "no se trató de una acción aislada, sino de una manera de actuar desde su privilegiada posición política y actividad pública, que se prolongó durante los años 2010 a 2012 y que solo terminó cuando la estratagema fue descubierta".
La magistrada reconoce un "sincero arrepentimiento" por parte de Oriol Pujol, ya que "nadie puede quedar indiferente" a sus palabras en la vista celebrada el pasado 10 de diciembre, cuando reconoció su error y alegó que ha notado el "desprecio" y la "decepción" en mucha gente y que incluso él se ha decepcionado a sí mismo y que se mira en un espejo "y no se gusta".