El juez archiva la causa a los Mossos al no ver espionaje en los documentos que iban a incinerar

• En el auto considera que la comisaría de información de los Mossos ha actuado con "competencia"
• Sostiene que no puede concluirse que las investigaciones no estuvieran dirigidas a "salvaguardar el interés público"

Diversos Mossos d'Esquadra patrullan en los alrededores de la Sagrada Familia el 1-O

El juez titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha acordado archivar la causa a los Mossos d'Esquadra abierta a raíz de la documentación que iban a incinerar la víspera de la declaración de independencia, al considerar que no incurrieron en "desviación de poder" y que buscaron información "esencial en toda policía".

Según el auto del juez, la comisaría de información de los Mossos ha actuado con "competencia", recabando datos de personas que por su significación sociopolítica podían ser partícipes o víctimas de incidentes en un momento "especialmente vulnerable" en pleno proceso independentista.

"No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y, por lo tanto, no son una desviación poder", sostiene el juez, que da carpetazo así a la causa.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de varios particulares después de que se descubriera que los Mossos habían recabado información sobre ellos, que constaba en la documentación que iban incinerar el 26 de octubre de 2017, la víspera de la declaración de independencia aprobada por el Parlament.

Denuncias por supuesto espionaje

En el auto, que se puede recurrir, el magistrado afirma que no consta que los datos obtenidos por los Mossos hayan sido usados "para algún fin político" y resalta que la policía catalana decidió la información que quería buscar "según su poder discrecional de investigación en relación con la valoración de los elementos concretos y los requisitos de la intervención".

Algunos dirigentes de organizaciones constitucionalistas, periodistas y representantes sindicales de los Mossos d'Esquadra denunciaron que habían sido objeto de espionaje político por parte de la policía catalana, después de que el informe que elaboró la Policía Nacional sobre los documentos que iban a incinerar el 26 de octubre de 2016 contenía información sobre ellos.

De hecho, los grupos del PSC, Cs, CeC-Podem y PP forzaron en julio pasado la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre el supuesto espionaje político para averiguar por qué los Mossos recabaron datos de políticos y periodistas durante la legislatura pasada.

La investigación policial relativa a algunos de ellos, como por ejemplo el expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), apareció en la prensa, ante lo que varios de los afectados interpusieron querellas y denuncias, que se acumularon en el juzgado de instrucción numero 22 de Barcelona.

"El fin legítimo de garantizar el orden público"

A partir de las explicaciones aportadas por el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, el juez resalta que la Comisaría General de Información de los Mossos llevó a cabo una investigación que afectaba a personas de diversas orientaciones sociopolíticas "en un momento social de especial vulnerabilidad", en pleno proceso independentista.

Según el juez, las investigaciones buscaban "una finalidad concreta", como era obtener el "máximo de información, esencial en toda policía, sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden pública o devenir víctimas de estos incidentes".

En el auto de archivo, el magistrado resalta que ello supuso una afectación a la intimidad de estas personas, aunque no comprendió la interferencia de comunicaciones ni la instalación de cámaras de vigilancia.

El juez apunta que este tipo de investigaciones están previstas por la ley y persiguen "el fin legítimo de poder garantizar el orden público frente a posibles alteraciones", por lo que es "necesaria en una sociedad democrática".

Como en toda actuación policial, expone el juez, algunas de las investigaciones han dado lugar a diligencias judiciales o están relacionadas con ellas, mientras las otras no han aportado datos relevantes.

También resalta el juez que ninguno de los datos que consta en la documentación afecta a la vida íntima de los querellantes y denunciantes, ya que únicamente figuran datos que "guardan relación con la vida privada o con la misma vida pública, fácilmente obtenibles en la llamada información abierta".