Multa de 196.000 euros al propietario de una Vivienda de Protección Oficial en Barcelona por alquilarla

• El régimen de VPO exige destinar el inmueble a vivienda habitual o pedir una autorización para venderla o alquilarla
• El propietario no pidió autorización a la Agencia de la Vivienda de Cataluña y cobró un alquiler superior al legal

El régimen de VPO exige al propietario ocupar la vivienda o pedir una autorización para alquilarla a un precio máximo legal

.El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 196.000 euros al propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) del barrio de la Barceloneta por no vivir en ella y destinarla a alquiler sin la autorización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña y a un precio muy por encima del autorizado.

En concreto, les ha impuesto dos multas de 90.001: una por no vivir en la VPO y otra por destinarla a alquiler sin la correspondiente autorización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, los importes mínimos previstos por la normativa catalana.

Además, como lo alquilaban a un precio muy por encima del que se le habría autorizado, deben devolver a la administración las cantidades percibidas por encima de lo permitido, en este caso 16.048 euros.

Esta es la primera de las sanciones fruto del programa de inspección de las 16.000 viviendas con calificación de protección oficial que el Ayuntamiento de Barcelona concertó hace un año con la Generalitat para promover la función social de la vivienda. La lleva a cabo la Unidad de Disciplina de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona.

Según ha explicado en rueda de prensa el comisionado de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, hasta ahora se han inspeccionado 1.600 VPO y se han abierto 14 expedientes sancionadores a propietarios, el citado y otros 13, cuyos dueños las mantenían vacías sin el receptivo permiso de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Alquilar la VPO sin permiso es una infracción grave que puede sancionarse con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.

Evitar viviendas vacías

El comisionado de Vivienda, Josep Maria Montaner ha explicado en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Barcelona que el expediente sancionador cerrado pertenece a una vivienda de la calle del Doctor Aiguader, del barrio de la Barceloneta, construida en los años 90 en régimen de protección oficial por 30 años.

Montaner ha explicado que en los otros 13 casos de VPO vacías se ofrece a los propietarios la posibilidad de poner estas viviendas en la bolsa de alquiler asequible y condonar la multa.

Estos pisos se encuentran en los distritos de Nou Barris (cuatro casos), Ciutat Vella y Sant Martí (tres), Horta-Guinardó (dos) y Sants-Montjuïc y Eixample (uno).

La ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 establece la obligación de que las VPO, adquiridas a precios por debajo de los de mercado y con ayudas públicas, se destinen a residencia habitual de las personas que son adjudicatarias y propietarias.

En casos excepcionales, de manera transitoria, cuando los adjudicatarios acrediten la imposibilidad de utilizar la vivienda para vivir, la Agencia de la Vivienda de Cataluña puede autorizarles e incluso permitirles alquilarlo a precio protegido (6,40 euros/m2).

La técnica de la Unidad de Disciplina de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona, Fuensanta Alcalá, ha explicado que las inspecciones se están llevando a cabo en toda la ciudad pero que se da prioridad a las promociones de VPO más antiguas, de entre 25 y 30 años, y que por ello están a punto de perder esta condición.

Alcalá ha estimado que por lo que se va viendo en la inspección, entre el 1,5 y el 2,5% de las VPO de Barcelona están vacías y muchas de ellas porque los dueños están a la espera de poder venderlas o alquilarlas en el mercado libre a precios mucho más altos que los regulados