Los presupuestos de Sánchez relanzan el gasto social al prever un récord en la recaudación de impuestos

• El proyecto presentado este viernes estima un alza del 9,5% de los ingresos tributarios, hasta 227.356 millones de euros
• Los gastos sociales previstos ascienden a 209.510 millones, hasta acaparar el 57,3% de los gastos totales del Estado

Los presupuestos prevén destinar más del 57% de su importe a gasto social

Con el gasto social como bandera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado este viernes su proyecto de ley de presupuestos para el año 2019, unas cuentas públicas que, a pesar de reconocer cierta ralentización en la economía, contemplan relanzar las partidas sociales, con medidas como la ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas o la subida de las pensiones, hasta acaparar el 57,3% del total del gasto del Estado con 209.510 millones de euros, un desembolso que se pretende financiar a través del aumento previsto en los ingresos tributarios, que se espera que crezcan un 9,5% hasta alcanzar un récord histórico de recaudación, 227.356 millones.

"Se trata de unos presupuestos preparados para buscar el futuro, para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno, para huir del pasado en blanco y negro del que algunos estos días están teniendo bastante nostalgia", ha esgrimido la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha aprobado el envío de las cuentas al Congreso, donde serán presentados al detalle el próximo lunes.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado que los presupuestos hacen hincapié en el gasto social: "Recogen la voluntad del presidente de recuperar la confianza de los ciudadanos en la utilidad de la política", ha señalado, antes de repasar las líneas generales de las cuentas, entre las que ha destacado aspectos como la subida del 1,6% en las pensiones, el aumento del salario de los funcionarios, la rebaja del IVA en productos básicos como los tampones y compresas, y la ampliación del permiso de paternidad, ahora fijado en cinco semanas, hasta las ocho semanas.

El Gobierno, sin embargo, no ha ocultado las sombras que se ciernen sobre estas cuentas públicas: para empezar, la ralentización económica que el propio Ejecutivo reconoce en su nuevo cuadro macroeconómico, que rebaja la previsión de crecimiento para 2019 en una décima, hasta el 2,2%, y estima que habrá 800.000 parados menos al final del año, con lo que la tasa de paro quedaría en el 14%, dos décimas por encima de lo anteriormente previsto.

Los obstáculos del déficit y de la tramitación parlamentaria

Además, los presupuestos presentados este viernes están inevitablemente constreñidos por el objetivo de déficit que marcó el Ejecutivo de Mariano Rajoy para los presupuestos de 2018, un 1,3%, ante la incapacidad de los socialistas para sacar adelante en el Parlamento su propuesta de elevarlo al 1,8%.

"El Gobierno entendió que era necesario revisar esta senda; lamentablemente, PP y Ciudadanos han exigido un ajuste más severo que el de los organismos internacionales consideraban razonable", ha reprochado la titular de Hacienda, que ha reconocido que la senda trazada es "irreal".

Montero también ha admitido que ese ajuste adicional ha obligado a reducir las inversiones inicialmente previstas en las cuentas públicas, aunque, pese a todo, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a aprobar su senda de déficit, que ya ha sido rechazada dos veces, una en el Congreso y una segunda en el Senado.

Asimismo, las cuentas de Pedro Sánchez se enfrentan a un arduo proceso de tramitación parlamentaria, puesto que, a día de hoy, no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación. La ministra, en cualquier caso, se ha dicho "optimista", y ha lanzado un mensaje a los independentistas catalanes: "Se me hace muy difícil entender que formaciones políticas que defienden los derechos de los ciudadanos de Cataluña puedan obviar estas cuentas, que contemplan más recursos para Cataluña", ha indicado.

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Tirón en los ingresos tributarios

Pese a todas estas dificultades, Montero ha insistido en subrayar el marcado carácter social de las cuentas públicas propuestas, que, del lado de los ingresos, prevén un significativo aumento de la recaudación lograda a través de impuestos y tasas: se espera obtener 227.356 millones de euros, lo que supondría casi 20.000 millones más que lo recaudado en 2018 y un récord absoluto de recaudación -el anterior databa de 2007, antes de la crisis, con 200.676 millones-.

La ministra de Hacienda ha destacado el buen comportamiento de la recaudación durante todo el tramo final del año pasado, al señalar que, si en el primer semestre los ingresos tributarios subieron un 4%, en el segundo ese aumento se ha disparado hasta el 11%. Así, el Gobierno espera que esa tendencia continúe en 2019 y prevé "una mejora de la recaudación fiscal por efecto del ciclo económico y por las nuevas medidas tributarias", en alusión a la tasa Google y al impuesto sobre transacciones financieras, entre otras novedades.

De hecho, el Ejecutivo espera obtener más dinero a través de todos los impuestos principales: un 4,9% más a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, hasta los 86.454 millones de euros; un 11,7% más por el IVA, que aportará 78.307 millones; y un 11,8 % más mediante impuestos especiales, como los de los combustibles y el tabaco, hasta los 23.057 millones.

Sin embargo, el incremento más significativo se espera en el Impuesto de Sociedades, con un aumento del 14,1% en la recaudación, que alcanzaría así los 27.579 millones de euros. Un incremento que Montero ha achacado no solo a la mejoría económica, sino a las medidas gubernamentales, como la imposición de un tipo mínimo de tributación del 15% a las grandes empresas.

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El gasto crece sobre todo en dependencia e infraestructuras

Ese incremento recaudatorio se pretende volcar en numerosas medidas sociales, hasta llevar el gasto social a 209.510 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que en 2018 y el 57,3% del total del gasto del Estado. Como Montero ha reiterado, se presupuestan 12.600 millones más para esas partidas, algunas de las cuales tienen incrementos muy relevantes: así, el gasto en dependencia subiría un 59,3%, hasta los 2.232 millones de euros, mientras que las medidas de acceso a la vivienda contarían con 679 millones, el 41 % más.

La parte del león del gasto social, en cualquier caso, seguirán siendo las pensiones públicas, con 153.864 millones de euros, un 6,2% más que el año pasado. Las prestaciones por desempleo se llevarán, si las cuentas salen adelante, 18.402 millones, un 4% más, mientras que las medidas de fomento del empleo contarían con un 4,7% más de presupuesto, hasta los 5.985 millones.

Del resto de gastos, resalta el incremento del 3,9% en el desembolso por los servicios públicos básicos, una partida que incluye la subida salarial de los funcionarios, hasta totalizar 20.962 millones de euros.Y entre las actuaciones económicas, hay una significativa subida prevista en el gasto para infraestructuras, que crecería un 39,9% hasta los 7.572 millones de euros, mientras que el gasto en investigación, desarrollo e innovación civil sube un 5,6% hasta 6.729 millones de euros.

También son relevantes los incrementos presupuestados en educación, con un 5,9% más hasta los 2.722 millones, y en cultura, partida que crece un 9,7% para alcanzar los 953 millones de euros. En cuanto a la suma dedicada a agricultura, pesca y alimentación, apenas crece un 0,2% hasta los 7.761 millones.