Acuerdo en Alcoa para mantener la actividad hasta junio a la espera de un inversor

• Los sindicatos y la empresa han alcanzado un preacuerdo para mantener abiertas las plantas de A Coruña y Avilés
• El Gobierno promete recolocar a los afectados a partir de julio, pero señala que no puede garantizar todos los empleos

Los sindicatos y Alcoa alcanzan un preacuerdo que mantendrá el empleo hasta junio

La multinacional estadounidense Alcoa y los sindicatos han alcanzado durante la madrugada del miércoles, justo cuando expiraba el plazo para negociar el ERE presentado por la empresa, un preacuerdo para mantener hasta junio la actividad en las plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña, que incluye un plazo de seis meses para hallar un posible inversor.

El acuerdo ofrece un respiro y, pasado ese plazo, el Gobierno se ha comprometido a "trabajar" para que "todos los afectados" por el proceso de cierre sean recolocados, aunque ha señalado que no puede garantizar que se mantenga la totalidad de los puestos de trabajo, tal como exigen los sindicatos de Alcoa.

En una rueda de prensa, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha indicado que ese compromiso de garantías "no forma parte del preacuerdo" y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para "recolocar a todos los efectivos que están en peligro". Valdeolivas ha recalcado que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de "un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo que va a someterse a las partes".

"Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con seis meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas", ha matizado.

Así, por el momento, el preacuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos en plantilla, y el compromiso de la multinacional estadounidense de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio.

Formación profesional para 260 trabajadores

Durante estos seis meses, unos 260 trabajadores, cuyo empleo no está garantizado, estarán en en un proceso de formación profesional financiado por la empresa. Lo que para la secretaria de Estado supone "salir con una mejora significativa de su empleabilidad", si no logran ser recolocados.

El secretario general de Industria, Raül Blanco, valora "muy positivamente" el preacuerdo alcanzado a última hora de la madrugada entre la empresa y los trabajadores y considera que "era impensable hace unas semanas y mejora mucho la situación que se tenía". Señala que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos para minimizar al "máximo" el impacto de un posible cierre de las plantas.

Además, cree que el compromiso de inversión por parte de la empresa "va ayudar mucho", y destaca que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor para las fábricas.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha expresado su “satisfacción” por el preacuerdo ya que “cuando hay voluntad por parte de las personas e instituciones y se trabaja intensamente, se pueden llegar a buenos resultados”.

La ministra se congratula del éxito de la coordinación del Gobierno “desde el primer día” de conocerse el conflicto en Alcoa, para acercar posiciones entre sindicatos y dirección, en coolaboración con los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia, con el propósito de buscar un nuevo inversor para las dos plantas y “minimizar el impacto en el empleo”.

Los sindicatos piden más compromiso al Gobierno

Los sindicatos valoran el preacuerdo con la empresa, "dentro del abismo en que se estaba", y muestran su disposición a defenderlo para que sea ratificado por los trabajadores de las plantas, ya que supone "ganar tiempo" para buscar inversores e implantar el Estatuto para la Industria Electrointensiva.

No obstante, lamentan que no existiera un "mensaje más contundente" por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales si el 1 de julio no se ha encontrado una solución definitiva, afirma el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

"El Gobierno nos ha dicho que va a estar detrás de nosotros, que va a apoyar, pero no tenemos un compromiso tangible por parte del Gobierno que certifique que puedan seguir trabajando todos los trabajadores a partir del 1 de julio. Se puede estar con un mensaje mucho mas fuerte y vamos a esperar a ver qué dicen", añadió.

El responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, ha asegurado que el Gobierno intentará reducir "a la mitad de tiempo" el periodo para aprobar la regulación electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un real decreto ley y se estima que esté en marcha en seis meses. "Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación", añade.

El preacuerdo tiene el visto bueno tanto de la Xunta de Galicia como del Principado de Asturias, según fuentes del Gobierno citadas por Efe.