Baleares prohíbe por ley a partir de 2021 plásticos desechables como pajitas y envoltorios

• La norma aprobada por el Parlamento balear adapta la normativa de la UE
• También se prohibirán platos y vasos desechables y bastoncillos de orejas

Pimientos envueltos en plástico en un mercado en Londres.

El Parlamento de Baleares ha aprobado este martes una Ley de Residuos que restringe el uso de plásticos y prohíbe productos desechables como pajitas, bolsas y bandejas de empaquetado. Muchos de estos productos acaban en el mar y son origen de la contaminación marina: el plástico está detrás de la muerte del 3% de los cetáceos y representa el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo.

La norma, que contempla sanciones de entre 300 y 2.000.000 euros, asume el mandato de la UE de que en 2021 los residuos que se generen estén un 10% por debajo de los que se producía en 2010. Para 2030 la reducción ha de alcanzar el 20%.

Adiós a platos, vasos y bastoncillos

Este objetivo pasa por la supresión de numerosos enseres plásticos como platos y vasos, pajitas, bastoncillos de orejas y envoltorios desechables de productos frescos de los que emplean las tiendas, que tendrán que ser reemplazados por materiales biodegradables en 2021.

Ese mismo año será el primero en que se prohíban las bolsas de plástico de un solo uso, los productos con microplásticos, las versiones no reutilizables de mecheros, maquinillas de afeitar y cartuchos de impresión y las cápsulas de café hechas con materiales no compostables o fácilmente reciclables.

Baleares gestiona al año 800.000 toneladas de residuos.

Recogida separada en los municipios

El proyecto legal se marca como objetivo reciclar el 75% de los envases en 2030. Ese mismo año un máximo del 10% de los residuos podría acabar en vertederos y un mínimo del 65% del papel, metal, vidrio, plástico y restos orgánicos domésticos tendría que ser reciclado.

La recogida separada deberá estar implantada en los establecimientos públicos y privados en dos años y los ayuntamientos deberán ofrecer recogida diferenciada a domicilio de materia orgánica, aceites, residuos textiles y peligrosos.

Los consistorios tendrán además que adaptar sus ordenanzas para sancionar prácticas como tirar colillas en las playas e impulsar la instalación de fuentes de agua potable en los edificios públicos, donde tendrá que haber alternativas a la venta de bebidas envasadas.

Se contempla igualmente la reducción de hasta el 50% de los alimentos que desechan tiendas, bares, restaurantes y cocinas de establecimientos públicos como hospitales y colegios, para lo que se habilitarán mecanismos de distribución con comedores sociales y entidades benéficas.

La ley establece también la creación de un inventario de suelos degradados por elementos contaminantes para promover su recuperación.