Los VTC denuncian que 3.500 familias van al paro en Barcelona y que el Govern les propuso trabajar irregularmente

• Uber y Cabify dejan de operar en Barcelona y la patronal de los VTC pide la dimisión del conseller de Territorio

Uber y Cabify no operan en Barcelona desde este viernes y otras VTC prevén presentar ERE

Las plataformas Uber y Cabify han dejado de operar en Barcelona, tras entrar en vigor esta medianoche el decreto ley del Gobierno catalán que obliga a precontratar los VTC con un tiempo mínimo de 15 minutos en Cataluña. La patronal Unauto pide la dimisión del conseller de Territorio, Damià Calvet, al que responsabiliza de haber mandado al paro a 3.500 familias y acusa de proponerles trabajar de forma irregular.

El responsable de Unauto en Cataluña, Josep Maria Goñi, ha acusado al conseller de mentir "al sector de VTC, a los taxistas y a los ciudadanos", relata que les propuso que "podían continuar trabajando irregularmente" porque el departamento de Trasportes no tramitaría las denuncias de la Guardia Urbana de Barcelona contra los VTC que acabarían "en un cajón".

Goñi asegura que lo rechazaron en una asamblea extraordinaria, algo que "les honra" porque era "una puerta a la corrupción, muy fácil de abrir y entrar pero muy difícil salir de ella". Más adelante ha valorado que Calvet es una persona joven pero "en su ADN lleva las formas de la antigua Convergencia".

Piden a Torra que cese al "incompetente" de Calvet

El presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, considera que la "situación es gravísima" con la aplicación de UberX sin funcionar en la ciudad condal y Cabify sin servicios en toda Cataluña, por las restricciones que impone la Generalitat. Martín ha pedido ayuda al president Torra para que cese al "incompetente" de Calvet que ha cedido al "chantaje" de los taxistas y "ponga orden en este desaguisado".

Otras empresas de VTC que operan en Cataluña presentan expedientes de regulación de empleo porque la nueva normativa dispara los costes y hace inviable el negocio, así Vector Ronda presenta un ERE para 1.000 personas, Moove Cars para 750 y Auro para 330 empleados, con lo que estarían afectados 2.080 empleados, no solo conductores sino también administrativos o personal de mantenimiento y limpieza.

Martín señala que más del 95% de los clientes de VTC no están dispuestos a esperar más de 15 minutos, además el decreto les obliga a permanecer estacionados en aparcamientos y garajes cuando no estén operando con la limitación de que no pueden aparcar en superficie.

Prohíbe que estas plataformas puedan geolocalizar sus vehículos antes de que los clientes contraten sus servicios, para lo cual el Govern les da un mes para adaptarse. El régimen sancionador incluye multas de hasta 1.400 euros, si no se cumplen las condiciones. No respetar la precontratación mínima de 15 minutos puede suponer una multa de 1.001 euros.

Recuperar las licencias

La Generalitat estudiar cómo recuperar las licencias de las empresas de VTC para buscar a otros operadores dispuestos a cumplir la regulación, Calvet, ha anunciado que el Govern no da así por perdidos estos servicios y planteará una batalla jurídica.

"Estas empresas han anunciado que se van, pero las licencias se quedan. Hay vida más allá de Uber y Cabify. Estudiaremos la manera de que no secuestren las licencias, de que no las retengan de manera casi especulativa", ha dicho.

Por su parte, Unauto habla de "expropiación" de las autorizaciones y señalan que si quieren rescatarlas "tendrán que pagar". Sostienen que estudios de distintas universidades y gabinetes jurídicos estiman un coste de 233.000 euros por licencia si la Generalitat quiere recuperlas.

La patronal VTC apunta también que los servicios jurídicos de las empresas están preparando recursos para reclamar daños y perjuicios a la Generalitat y su responsable en Cataluña avanza que la semana que viene detallarán las acciones legales para defender al sector.