El TSJ de Cataluña fija la inhabilitación de Mas por el 9N hasta febrero de 2020

• La condena por desobediencia por organizar la consulta soberanista de 2014 empezará a contarse desde el 23 de enero

El expresidente de la Generalitat Artur Mas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado que el expresidente catalán Artur Mas esté inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 para cumplir la condena por desobediencia por organizar el 9N, y le ha requerido que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.

En un auto de ejecución de la condena, la sala civil y penal del alto tribunal catalán establece que las penas de inhabilitación para cargo público impuestas a Mas y a las exconselleras Joana Ortega -nueve meses- e Irene Rigau -seis meses- empiecen a contar desde el pasado 23 de enero, cuando se dictó la sentencia firme del Tribunal Supremo.

Originalmente, el TSJC condenó en marzo de 2017 a Mas a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electivos. Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó la 13 meses la condena del expresidente de la Generalitat de Cataluña por un delito de desobediencia por la organización del referédum ilegal del 9 de noviembre de 2014.

El Supremo también redujo las condenas de inhabilitación de las exconsejeras Ortega (de 21 a nueve meses) y Rigau (de 18 a seis meses) tras estudiar los recursos de casación de los tres exmiembros del Govern catalán y decidir equiparar la pena de inhabilitación a la que el alto tribunal fijó para el exconseller Francesc Homs, al que juzgó por su condición de aforado. Homs ya ha cumplido la integridad de su inhabilitación y en el próximo juicio del "procés" ejercerá como coordinador de las defensas de los exconsellers.

Lo que ha hecho ahora el TSJC es declarar sentencia firme de esta decisión -ya no se puede recurrir- y hacerla efectiva a fecha de 23 de enero de 2019, cuando el Supremo dictó su sentencia, de modo que la inhabilitación de Mas durará hasta el 23 de febrero de 2020 y el expresidente catalán no podría presentarse como candidato a ninguna elección hasta después de esa fecha, si esa fuera su intención.

De la misma forma, la exvicepresidenta catalana Joana Ortega queda inhabilitada hasta el 23 de octubre de 2019 y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, hasta el 23 de julio de este año.

Además de la inhabilitación, el TSJC también ha requerido a los tres condenados que paguen las multas que se les impuso por la organización de la consulta soberanista de 2014: 36.000 euros para Mas, 30.000 euros para Ortega y 24.000 para Rigau.

Paralelamente, por el caso del 9N el Tribunal de Cuentas condenó a Mas, Homs, Ortega y Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en aquella consulta.