Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, queda en libertad condicional

• Ingresó en prisión en marzo de 2006 y ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático
• El plazo de cumplimiento estaba previsto para junio de 2023

Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, quedó en libertad condicional en 2019

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de La Audiencia Nacional ha dejado en libertad condicional a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, según han informado a Efe este miércoles fuentes penitenciarias.

Condenado por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella, Roca ingresó en prisión en marzo de 2006 y ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras ofrecerse a colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos y exreclusos.

El plazo de cumplimiento de su condena estaba previsto para junio de 2023, pero esta semana el juez de Vigilancia Penitenciaria ha acordado su libertad condicional al cumplir los requisitos previos: haber satisfecho tres cuartas partes de la condena y haber pasado al régimen abierto.

Fue condenado a un máximo de veinte años de prisión tras la acumulación de penas efectuada por el tribunal en el 2016, cuando ya llevaba en prisión preventiva desde el 29 de marzo del 2006 "sin haber obtenido ni un solo permiso" hasta aquel momento. Estaba cumpliendo condena firme por los casos Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía y Malaya.

Acumulación de penas

El "jefe" de los asuntos urbanísticos de Marbella durante el mandato como alcalde de Jesús Gil fue condenado por hechos en su etapa de gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí en el periodo comprendido entre los años 1991-2006.

Solo por el caso Malaya el Supremo le condenó a 17 años de cárcel, con lo que endureció su pena en seis años de prisión sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga.

El alto tribunal revisó los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el caso Malaya, un fallo que añadió para Roca un delito fiscal por el ejercicio del 2002 y que le agravó las penas por cohecho y blanqueo de capitales.

El agravamiento del castigo se debió a que el Supremo aceptó algunas de las peticiones del fiscal, que recurrió contra la Audiencia Provincial, por lo que también fue condenado por los delitos citados y por los de prevaricación y fraude.