El número de abortos ha bajado en España desde la entrada en vigor de la actual ley de plazos

• 2010 cerró con un total de 113.031 abortos, 18.908 más que los 94.123 de 2017
• La ley actual obliga a informar a las embarazadas sobre todas sus opciones y riesgos antes de abortar

Una mujer embarazada.

El líder del PP, Pablo Casado, ha abogado por volver a la ley del aborto de 1985, que estuvo vigente desde ese año hasta 2010 y que restringía el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo sólo en tres supuestos, justificando que "si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños y no en abortar". Sin embargo, la cifra de abortos en España en 2017 -último informe del Ministerio de Sanidad- es un 16,73% menos que en 2010, cuando entró en vigor la ley actual ley de plazos.

En concreto, el año 2010 cerró con un total de 113.031 abortos, 18.908 más que en 2017, que concluyó con un total de 94.123 interrupciones de embarazos.

La ley de 1985, conocida como Ley del Aborto, supuso una revolución social en España y despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: cuando hubiera un "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" en cualquier momento de la gestación, en caso de violación en las 12 primeras semanas y cuando "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas" en las primeras 22 semanas.

En 1986 se cumplía un año desde que en España se puso en práctica la Ley despenalizadora del aborto, pero a pesar de ello, hasta esa fecha eran muy pocas las mujeres que habían utilizado la ley.

Una ley "de consenso", según Casado, que salió adelante pese a los votos en contra de Alianza Popular -predecesor del PP-, partido que también recurrió la norma al Tribunal Constitucional, que falló en contra de la ley. Tras incorporar las enmiendas del Constitucional, la norma finalmente fue aprobada en julio 1985.

Las primeras cifras que publica el Ministerio de Sanidad en su página web son de 16.766 abortos en 1987. Desde entonces, el número fue aumentando considerablemente cada año, como aparece en el gráfico siguiente. El último año que estuvo la ley vigente al completo, 2009, cerró con 111.482 intervenciones.

La ley de plazos de 2010

En 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una nueva ley que sigue vigente. Dicha norma permite el aborto libre en las 14 primeras semanas -y no "hasta la semana 20", como ha afirmado Casado-; dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".

Desde entonces ha habido algunos repuntes en número de mujeres que interrumpieron su embarazo, llegando en 2011 al máximo histórico: 118.611 abortos. Desde 2013, sin embargo, la cifra se ha reducido considerablemente, llegando a su mínimo en 2016 con un 93.131. Un año después, sin embargo, ha habido un aumento del 1% en 2017.

Las cifras también suponen un considerable ascenso desde 2013 en términos relativos de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, siendo la tasa en 2010 del 11,71 mujeres y en 2017 del 10,51.

Pese a que el total de abortos se ha reducido desde la entrada en vigor de la ley de plazos, dicho descenso puede deberse a otros factores, como el de la permisión desde 2009 de solicitar la píldora del día después sin receta médica.

La ley obliga a informar a las mujeres sobre sus opciones

"Hay legislaciones de países supuestamente más avanzados que nosotros, con más impuestos que nosotros, en las que por lo menos hay información a la madre, que es una vida que no es un tumor", afirmaba el líder del PP durante su entrevista a Efe.

Sin embargo, la ley de 2010 obliga a que las mujeres sean informadas antes de abortar "sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas" de apoyo a la maternidad, así como de sus derechos laborales, beneficios fiscales y centros de asesoramiento vinculados con el embarazo y la maternidad.

También impone informar a las mujeres embarazadas que quieran abortar por motivos de malformaciones o enfermedad del feto sobre ayudas a la discapacidad y la red de organizaciones de apoyo.

Y por último, los profesionales deben informar a las mujeres sobre posibles consecuencias "médicas, psicológicas y sociales" de interrumpir su embarazo.